Podemos usa la ‘Caja de Solidaridad’ para pagar multas por la Ley de Seguridad Ciudadana

Uno de los objetivos de la ‘Caja de solidaridad’ de Podemos es financiar a aquellas personas que hayan sido sancionadas por incumplir la Ley de Seguridad Ciudadana y las posibles consecuencias legales que esto les pueda acarrear.

La caja donde el partido morado guarda el 15% de las donaciones de sus miembros para destinarlas, tal y como sostienen sus líderes, a fines sociales desvía parte de este presupuesto a financiar procesos litigiosos consecuencia del incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana o como Podemos la denomina, la ‘Ley Mordaza’. Así puede leerse en el reglamento de su ‘Caja de solidaridad’.

La Ley Orgánica 4/2015 entró en vigor durante el mandato de Mariano Rajoy y causó gran polémica en partidos de izquierdas que habían usado las movilizaciones sociales para atacar a la derecha. La ley misma prohíbe, entre otros asuntos, llevar a cabo una manifestación no comunicada cuando se considere que puede generar un riesgo para la vida o integridad física de las personas. Además, considera como infracción grave la manifestación frente a las sede del Congreso y Senado si ésta perturba la seguridad ciudadana y como leve faltar al respeto a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de su función. La Ley obliga también a identificarse a aquellas personas a las que las autoridades requieran la documentación.

A pesar de haber despreciado esta ley de manera continua, el propio Pablo Iglesias se ha beneficiado de la misma sin poner oposición. Los vecinos que se han manifestado en las inmediaciones de su casa en Galapagar han sido sancionados por ello a través del uso de dicha normativa ya que otorga potestad a los agentes que custodian el casoplón de los líderes de Podemos para limitar o restringir la circulación o permanencia en la vía pública.

Con todo ello el partido sigue destinando parte de su presupuesto a apoyar a los manifestante que incumplen la Ley pese a ser ellos mismos parte del Gobierno.

Otras «líneas prioritarias»

Otra de las partes que se incluye en el documento de la normativa de la ahora investigada ‘Caja de solidaridad’ son las líneas prioritarias, el destino del dinero a grandes rasgos puesto que el partid no hace público los colectivos o asociaciones beneficiadas.

En este sentido aboga, según se puede leer en el documento interno, por la defensa de los servicios públicos, la protección del medioambiente y el feminismo. Además, incluye la posibilidad de dedicar el dinero a otorgar prestaciones económicas en caso de huelgas o cierres patronales y a proyectos autogestionados como clubes de trueque.

Destino desconocido

Nadie sabe el paradero de las donaciones de los cargos de Podemos. Aunque todos sus miembros deben donar el excedente de sus salarios para dedicarlo a distintos fines, la formación oculta en sus cuentas el destino de esta recaudación. La tormenta provocada por la imputación de Podemos como persona jurídica en la investigación sobre la presunta ‘caja B’ del partido ha puesto en duda ciertos aspectos del manejo del dinero en la formación de Pablo Iglesias. Sus cuentas, publicadas en su Portal de Transparencia, tampoco despejan la incógnita.

Según los datos del documento, el partido recaudó 1,9 millones de euros en el año 2019 a través de las aportaciones de sus cargos públicos. Pero, ¿a qué se destina ese dinero?

En 2016, el partido se jactaba de haber repartido 500.000 euros donados por sus cargos públicos a la tercera convocatoria de Impulsa, «una herramienta que permite el desarrollo de proyectos innovadores con proyección social».
Sin embargo, ésta fue la última vez que, al menos públicamente, se supo algo de ese proyecto. Desde entonces, se desconoce en qué invierte el partido el dinero recaudado.

‘Caja B’ de Podemos

La formación de Pablo Iglesias está imputada en el marco de la investigación por irregularidades en su financiación.

El juez acordó las diligencias tras la declaración del ex jefe del equipo jurídico de Podemos, José Manuel Calvente -purgado por el partido por sus indagaciones- quien ratificó que la formación morada tenía una ‘caja B’ y pagaba sobresueldos.

El letrado enumeró «una a una» las irregularidades expuestas en la denuncia presentada ante la Guardia Civil, que ha dado lugar a la apertura de esta investigación judicial contra Podemos. En la misma hablaba de la existencia de una «Caja de Solidaridad» que estaba siendo utilizada como una ‘caja B’ del partido para ocultar gastos opacos.

Esta caja fue creada en 2018 a iniciativa de Rafael Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos, y se nutría de las donaciones mensuales de cargos públicos estatales del partido. Por tanto, según su reglamento, este dinero debía destinarse a «donaciones a colectivos, entidades, procesos litigiosos o cajas de resistencia de colectivos en movilización y o huelga que pueda haber abiertas».

Sin embargo, José Manuel Calvente detectó irregularidades al observar que esta «Caja de Solidaridad» estaba siendo utilizada por Rafael Mayoral para realizar donaciones de forma indiscriminada y sin control legal alguno sobre los destinatarios, a supuestas entidades opacas y sin identificar. Entre estas entidades se encontraba una supuesta asociación denominada #404 Comunicación Popular que no está registrada.