Podemos defiende la creación de un registro de todos los médicos que renuncien a practicar abortos

En Podemos lo tienen claro: los médicos no deberían poder decidir si quieren o no practicar un aborto. Para ellos habría que eliminar la objeción de conciencia y obligarles a que practiquen el aborto estén o no de acuerdo con acabar una vida. Así lo ha vuelto a defender la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, después de que esta semana Irene Montero anunciara que lo regularán.

La delegada podemita dice que no es fácil regular la objeción de conciencia pero advierte de que el derecho al aborto «no puede ceder» ante el derecho de los profesionales sanitarios a objetar. «Lo que no puede pasar es que un derecho humano, que siempre tiende a ser el de las mujeres, tenga que ceder ante otro. Hay que establecer el equilibrio, legislado, entre esos dos derechos en conflicto», afirma Rosell.

Un registro de los objetores de conciencia

Podemos tiene todo pensado. Si depende de ellos se eliminará la objeción de conciencia para estos casos. Además, para lograr su objetivo Victoria Rosell ha desvelado que pretenden crear un registro «anticipado y por escrito» de todos los profesionales sanitarios que renuncian a practicar abortos, similar al que contempla la ley de eutanasia.

Con él, opina la delegada del Gobierno en una entrevista con Efe, los médicos contarán con la seguridad jurídica y permitirá una mejor organización de los servicios de salud. «Si no hay un listado del sector sanitario objetor es difícil organizar, con lo que con este registro ganamos todas: las mujeres, el sector sanitario y las administraciones públicas que tienen que organizar el sector», apunta.

La actual ley del aborto recoge «el derecho de ejercer la objeción de conciencia sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas».

Además, la norma, aprobada en 2010, señala que «si excepcionalmente el servicio público de salud no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado en el territorio nacional».

Sin embargo, según el Ministerio de Igualdad, el 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo fue derivado de la sanidad pública a la privada.

«Es muy grave que tengamos unos derechos en el BOE escritos sobre la ley y que esa ley sea papel mojado», opina Rosell que estima que no es un problema de conciencia de todos los médicos que la están ejerciendo sino «un efecto contagio que en el sector sanitario achacan a cierta coacción ambiental o laboral».

Ley ‘sólo sí es sí’

El borrador de la reforma del aborto estará listo previsiblemente en diciembre, pero antes comenzará la tramitación parlamentaria de una de las normas estrella de Igualdad: la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la del ‘solo sí es sí’.

La norma busca cambiar la forma en que se juzgan los delitos sexuales, regular el consentimiento expreso, acabar con la distinción entre abuso y violación y perseguir a la industria proxeneta.

Para PP y Vox es un texto ideológico y así lo exponen en sus enmiendas a la totalidad que el pleno del Congreso debatirá previsiblemente a principios de octubre.