El podemita Ribó imputado por prevaricación por su escandalosa encuesta a falleros en 2017

El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha citado a declarar como investigado al alcalde Joan Ribó el 25 de junio por presuntos delitos de prevaricación e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos. La denuncia se produjo tras negar a la oposición (PP) una información que le solicitó relativa a un expediente sobre la polémica encuesta a falleros en 2017.

La declaración del alcalde es la primera diligencia acordada por el instructor en el marco de una investigación abierta para determinar si los hechos expuestos en la denuncia interpuesta por el asesor popular son constitutivos de delito.

Esa encuesta llevada a cabo sobre el mundo fallero generó el año pasado numerosas críticas desde la oposición hacia el equipo de gobierno (formado por Compromís, el PSPV y València en Comú), que denunciaban el contenido de algunas de las preguntas que se hacían en ella.

El pasado mes de marzo, el grupo popular ya denunció ante los medios que Ribó utilizaba recursos públicos para recurrir el fallo de la Agencia Española de Protección de Datos por infracción muy grave al encuestar a los falleros sin autorización sobre su ideología política, sentimiento nacional o creencias religiosas.

«Ribó mentía deliberadamente»

Ribó «mentía deliberadamente cuando negaba a los concejales del grupo popular el acceso a la información», que llevan reclamando desde 2017, «arguyendo que no se trataba de un expediente municipal», según dijo entonces el portavoz del grupo municipal, Eusebio Monzó.

El Ayuntamiento presentó los resultados de la encuesta el pasado 1 de agosto y en ella se aseguraba, entre otras conclusiones, que el mayor problema para el fallero era la convivencia vecinal y que aunque su tendencia política es sobre todo de izquierdas, votaría antes al PP que al tripartito actual (Compromís, PSPV y València en Comú).

El estudio se hizo con 963 entrevistas a falleros de ambos sexos mayores de 18 años y residentes en València entre mayo y junio de 2017 y cuyo coste no pudo concretar en la rueda de prensa de presentación el concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera, Pere Fuset, también de Compromís.

Ante las críticas de la oposición a esa encuesta, encargada tras la declaración de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, Joan Ribó aseguró entonces que las preguntas eran «absolutamente razonables» y que la polémica se trataba de «una tormenta en un vaso de agua».