España
Ley de Amnistía

Page recurre la amnistía al Constitucional el mismo día que lo hacen Ayuso y otros barones del PP

El Gobierno de Castilla-La Mancha presentará el recurso de forma telemática

"Es una ley inconstitucional porque rompe el principio de igualdad", reconocen

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha oficializado este lunes el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, aprobada por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, en el mismo día en el que lo han hecho otros barones del PP, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Ejecutivo de García Page ha presentado el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) de forma telemática, tal y como ha detallado la portavoz de del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, en declaraciones a los medios en Villarrubia de Santiago (Toledo).

El Consejo de Gobierno autonómico aprobó personarse el pasado 30 de julio. Este organismo activó el procedimiento después de recibir un informe favorable del Consejo Consultivo, una opinión que había solicitado el líder socialista castellanomanchego.

Padilla ha indicado que el informe que ha emitido este órgano consultivo es «muy contundente en cuanto a la legitimidad de la Comunidad Autónoma para poder presentar ese recurso de inconstitucionalidad». Además, ha señalado que la medida de gracia «es una ley inconstitucional porque rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos».

Todo ello se produce en el mismo día en el que la mayoría de barones del PP anuncian que llevarán ante el Constitucional la norma que el PSOE pactó con el independentismo para borrar los delitos cometidos por los impulsores del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017.

Ayuso no sólo ha anunciado que llevaría la norma a la corte de garantías sino que también ha comunicado que solicitaría la recusación del presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y de otros dos magistrados: el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la que fuera directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en Moncloa Laura Díez.

La decisión de pedir la recusación del presidente del TC así como los dos otros magistrados, se debe a la «pública y notoria vinculación con el PSOE, partido que presentó la Ley de Amnistía», ha asegurado Ayuso. «Les inhabilita para enjuiciar la constitucionalidad de esta ley», ha añadido la dirigente madrileña.

Cascada de recursos

Por su parte, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, se ha sumado a este anuncio este lunes y ha manifestado que también va a presentar un recurso de inconstitucionalidad frente al TC. El líder del Ejecutivo andaluz ha descrito esta norma como «un atropello a un derecho fundamental ante el que Andalucía no puede, no debe y no va a mirar hacia otro lado».

El Gobierno de Aragón que encabeza Jorge Azcón también va a llevar al Constitucional esta norma. Desde Aragón inciden en que se trata de «una quiebra total del Estado de derecho, consagrado en el artículo 1 de la Constitución, por vulneración del valor superior de la justicia y el principio de separación de poderes, de modo que se excluye del control judicial al poder político».

Por su parte, el Consell de la Comunidad Valenciana también se reunirá la tarde de este lunes para tratar de forma monográfica el recurso de inconstitucionalidad ante el TC de la Ley de Amnistía. El presidente valenciano, Carlos Mazón, ya ha adelantado que «con todas las consecuencias, buscando la igualdad en el Estado de derecho y ante la justicia por igual de todos los españoles».

El Parlamento de Cantabria también ha decidido este lunes la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la medida de gracia. En la rueda de prensa posterior a esta decisión, la presidenta de la cámara, María José González Revuelta, ha alegado que «vulnera el principio de igualdad entre los españoles» y, además, «libera de responsabilidad política a delincuentes por su ideología eximiéndoles de cumplir la ley».

Por su parte, La Rioja, ha aplazado a mañana la decisión sobre si llevará esta norma al tribunal de garantías. De acuerdo con el portavoz del Gobierno autonómico, Alfonso Domínguez, se están cerrando «los últimos flecos» y los «argumentos jurídicos». Al igual que en Castilla-La Mancha, «el Consejo Consultivo ha participado en este debate», ha expresado el portavoz riojano.