Vox consigue que inmigrantes y menas tengan que acreditar 3 años de residencia para acceder a ayudas en Baleares
Aunque la postura de Vox es que no cobren ningún tipo de ayuda, el PP accede a esta fórmula para retrasarlas
Vox ha logrado introducir en el acuerdo de gobernabilidad con el PP en Baleares una condición que obliga a los inmigrantes y a los menores no acompañados a acreditar al menos tres años de residencia antes de poder acceder a ayudas públicas. La formación de Santiago Abascal habría preferido la exclusión total de estas prestaciones, pero acepta esta fórmula como un paso en la dirección correcta.
El pacto refleja la tensión que atraviesa la negociación entre ambos partidos a nivel autonómico: mientras el PP defiende que la inmigración es una competencia esencialmente estatal, Vox insiste en que los gobiernos regionales tienen margen suficiente para adoptar medidas que, en sus propias palabras, «frenen el efecto llamada».
El horizonte negociador de Aragón, Extremadura y Castilla y León (y próximamente Andalucía) podría así estar en Baleares, donde el Gobierno del PP pilotado por Marga Prohens ha aceptado la exigencia de Vox para aprobar los presupuestos de 2026: los inmigrantes deberán acreditar 3 años de residencia para acceder a las ayudas. Unos requisitos que se extienden también a los menores extranjeros no acompañados (menas). Además, todos aquellos que rechacen una oferta laboral podrían perder las ayudas públicas.
La política exterior de Vox condiciona al PP: Patriots
Esta última medida está en la línea de la impuesta por la primera ministra italiana Giorgia Meloni, aliada de Vox en el ámbito internacional en materia migratoria.
Un asunto que no se debe pasar por alto si se quiere entender la política sobre inmigración que Vox quiere imponer al PP en España, ya que el líder de la formación preside la coalición de Patriots en Europa, y este mismo sábado cerró en Budapest, la cumbre de partidos conservadores más importante del mundo.
Ahí Abascal lo dijo claramente, en un mensaje que resonó en Génova: «Cuando sea presidente, deportaremos [en referencia a Vox] a todos los inmigrantes ilegales». Todos los aliados de Vox en Europa han firmado una férrea alianza este lunes en el Manifesto de Patriotas de Budapest, donde se comprometen precisamente a «las fronteras seguras».
Y ello implica detener «el efecto llamada», poniendo el foco en la «islamización agresiva» de Europa mientras alertan de la «teoría del reemplazo» que la propia líder de Podemos, Irene Montero, alentó con esas mismas palabras en un evento como eurodiputada a fin de frenar «a la ultraderecha» votante.
El voto de Vox: efecto inmigración y menas
Además, los votantes de Vox en las comunidades autónomas avalarían la dureza de Abascal en los pactos con el PP, a juzgar por los buenos resultados cosechados precisamente en los lugares más afectados por la inseguridad y la inmigración.
Buen ejemplo de ello es Talayuela, en Extremadura, donde Abascal empató con los populares, experimentando un exponencial crecimiento. Este municipio es el que mayor población musulmana alberga en toda la comunidad autónoma. Un asentamiento fruto del cultivo del tabaco.
Otro ejemplo es el municipio burgalés Miranda de Ebro, en Castilla y León, donde se hizo eco de la problemática existente en el barrio de Santa Catalina, al que Carlos Pollán se refirió como «estercolero multicultural». Su mitin en la plaza del municipio burgalés reunió un millar de votos más en las urnas.
El caso de Aragón es aún más acuciante. Siendo vicepresidente del Gobierno de Aragón Alejandro Nolasco demostró desde su Consejería de Justicia, que el 98,8% de los menas eran mayores de edad. Un hecho que daría aún más fuerza a Vox para imponer esta medida balear en el gobierno de coalición del popular Jorge Azcón, que aspira a que el acuerdo esté cerrado antes del 23 de abril.
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