La orden que tapó el fraude millonario en UGT: «Pepe Álvarez ha dicho que no se denuncie»

El secretario general de UGT a nivel estatal, Pepe Álvarez, ordenó directamente que no se presentara denuncia por el fraude millonario detectado en UGT Madrid con cheques del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), según consta en el oficio policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que desvela OKDIARIO.

Así consta en el sumario instruido por el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. La orden, transmitida a través de Luis Pérez Capitán, secretario de Recursos y Estudios del Confederal, fue el último eslabón de una cadena de decisiones que retrasó 17 meses la denuncia de una presunta estafa que los propios dirigentes del sindicato estimaban en más de cuatro millones y medio de euros.

UGT es el sindicato más representativo de España, con presencia en todos los sectores productivos y una larga historia de interlocución con los sucesivos gobiernos.

Su rama madrileña, UGT Madrid, gestionaba desde hace años los cobros del Fogasa en nombre de trabajadores afiliados, cuyos empleadores habían quebrado o entrado en concurso de acreedores.

Era un servicio de intermediación que, según la investigación policial, se convirtió en el cauce de una presunta malversación sistemática de fondos públicos.

La trama, según los documentos del sumario, habría funcionado al menos desde 2018, año en que la cuenta contable destinada a los pagos del Fogasa quedó a saldo cero. El procedimiento era sencillo en apariencia: María del Carmen Tomás López, conocida como «Mayka», administrativa del sindicato, gestionaba en exclusiva todo el proceso, desde la recepción de los fondos del Fogasa hasta la emisión y entrega de cheques a los trabajadores. Sin supervisión, sin contrapesos, sin rastro documental verificable.

Lo que la investigación ha puesto de manifiesto es que los cheques no llegaban a los trabajadores. En su lugar, según el informe de la UDEF, acababan ingresados en cuentas de tres personas del entorno de Tomás López: su marido y dos empleadas del sindicato, amigas de los citados.

La entidad bancaria ING Direct confirmó que 44 cheques por un importe total de 464.971,55 euros fueron abonados en esas cuentas durante un período comprendido entre enero y octubre de 2021.

Fraude en Fogasa

Un asesor jurídico de UGT Madrid declaró ante la policía el 2 de junio de 2022 que a primeros del año 2020 ya se había llegado a la conclusión, en una reunión interna, de lo que «podría estar ocurriendo».

Un economista externo había advertido que la cuenta contable de pasivo que representaba las cantidades pendientes de pago a los trabajadores «estaba a saldo cero», una anomalía contable que, en la práctica, significaba que el sindicato no reconocía deuda alguna con los trabajadores, cuyos fondos administraba.

El asesor propuso entonces la solución más lógica: solicitar al Fogasa una relación completa de los expedientes gestionados por UGT Madrid para cotejar qué cantidades habían sido cobradas y cuáles pendientes de abonar.

La respuesta de la ejecutiva fue inequívoca. Le indicaron que eso era «levantar la liebre» y que «en ese momento UGT no tenía dinero para afrontar esos pagos». Existía, según el asesor jurídico, «el temor de que al pedir la relación pudiera salir una cantidad tan enorme de cantidades pendientes de pago a trabajadores» que el sindicato no pudiera asumir.

La cifra que los trabajadores manejaban como posible deuda total oscilaba entre «los veinte millones de euros a veinticinco millones de euros», de los cuales estimaba que «en torno a un millón y medio de euros» se habría destinado a gastos propios del sindicato, como impuestos y seguros sociales, y parte a algún ERE llevado a cabo en la organización entre 2008 y 2013.

La negativa a denunciar

El 24 de noviembre de 2021, en una reunión celebrada entre la dirección de UGT Madrid y representantes del Confederal estatal, se tomaron dos decisiones que la UDEF califica de actos de ocultación.

La primera: depositar en la caja fuerte del despacho de Administración del Confederal, en la sexta planta del edificio de Avenida de América 25 de Madrid, los documentos originales que acreditaban los pagos de los cheques correspondientes al año 2021. La segunda: no denunciar.

Esa misma noche, Mayka Tomás López llamó por teléfono al asesor jurídico demostrando conocer el contenido de la reunión. Según declaró el asesor jurídico, la propia Mayka le indicó que la había alertado el vicesecretario de Política Sindical de UGT Madrid.

Cuando dos empleados intentaron recuperar los documentos depositados en la caja fuerte para adjuntarlos a la denuncia, Pérez Capitán se negó.

El motivo que esgrimió fue directo y sin ambages: «Pepe Álvarez, secretario General de UGT Confederal estatal, ha dicho que no se presentara denuncia por los hechos».

Los dos hombres se marcharon sin la documentación y, según consta en el oficio policial, con la convicción de que la negativa respondía a una «complicidad para ocultar los hechos por parte del propio sindicato».

La presión de Carrasco, Tula y Rivera fue finalmente determinante. Ambos amenazaron con presentar la denuncia «aun sin la anuencia de la organización», lo que llevó a Luis Miguel López Reillo a dar el paso el 10 de diciembre de 2021.

Pero no antes de que, el 29 o 30 de noviembre, llegara a la sede del sindicato un investigador privado contratado por el Confederal, quien transmitió al asesor jurídico que Luis Pérez Capitán había dicho que «aún no era el momento de presentar la denuncia».

Lo que nadie en la cúpula sindical había calculado es que la propia Mayka, durante los años 2020 y 2021, había estado teletrabajando desde su domicilio, confeccionando los cheques fraudulentos con los talonarios originales que guardaba en casa, con el sello oficial de UGT Madrid.

Una empleada que, según reveló a su entorno, había recibido una llamada personal de Pepe Álvarez para «felicitarla por la gestión que estaba realizando en cuanto a la tramitación de los Fogasa». La caja fuerte del Confederal guardaba los documentos. La denuncia llegó 17 meses tarde. Y el caso está a la espera de juicio con cuatro personas que enfrentan penas de hasta 8 años de cárcel.