Ofensiva del Gobierno contra Vox: impulsa una red de delatores para que denuncien delitos de odio

El protocolo está firmado por instituciones públicas (Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, secretarías de Estado de Justicia, Seguridad, Educación, Deporte, Igualdad, Derechos Sociales, y Migraciones, y Centro de Estudios Jurídicos); plataformas de organizaciones de la sociedad civil (Foro para la Integración Social de los Inmigrantes; Consejo Estatal del Pueblo Gitano; Consejo de Víctimas de delitos de odio y discriminación; Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales; Plataforma de Infancia; y Plataforma del Tercer Sector); y la Asociación Española de la Economía Digital, en la que se integran empresas prestadoras de servicios de alojamiento de datos como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter o Microsoft.

Todos ellos se declaran «preocupados por la propagación del discurso de odio ilegal a través de Internet, que amenaza a los individuos y grupos a los que se dirige, incide negativamente en quienes defienden la libertad y la tolerancia y desafía el discurso democrático y la convivencia» y estiman que «en el actual contexto de crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de Covid-19, el discurso de odio se puede intensificar».

Los «comunicantes fiables» podrán comunicar aquellos mensajes que consideren «indiciariamente constitutivos de un discurso de odio ilegal» a través de un formulario, en el que podrán solicitar «el bloqueo, la retirada o la restricción de acceso del contenido en un plazo razonable». «Los contenidos objeto de la notificación deberán ser identificados con precisión, de ser posible técnicamente, a través de un localizador de recursos uniforme o URL». Asimismo, se explica, «con el fin de agilizar la decisión por parte del prestador de servicios de alojamiento de datos, las comunicaciones deberán estar suficientemente fundamentadas para permitir que el prestador de servicios de alojamiento de datos de que se trate pueda adoptar una decisión con conocimiento de causa y diligentemente».

Estos informadores, según se indica, deberán acreditar experiencia en «cuestiones íntimamente relacionadas con la lucha contra la intolerancia y/o discriminación». Serán seleccionados por los prestadores de servicios,  pero no por ello pasarán a ser considerados «comunicantes fiables». Para este último paso deberá cumplir con los «criterios de acreditación» ante la «Comisión de Acreditación de Comunicantes Fiables», compuesta por un representante del Ministerio de Interior (que ejercerá la presidencia), otro del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un representante en España de Twitter, de YouTube, de Facebook y de Microsoft, y un representante de alguna asociación de la sociedad civil que ya sea comunicante fiable ante los mencionados prestadores de servicios de alojamiento de datos y que irá rotando anualmente.

El protocolo indica que los prestadores de servicios podrán «apoyar directa o indirectamente la labor» de esos comunicantes «mediante crédito publicitario u otras alternativas». En cualquier caso, «nunca podrá constituir la principal fuente de financiación del comunicante fiable».

«Contenidos ilegales»

Por otro lado, también se elaborará un listado de autoridades competentes encargadas de notificar «contenidos ilegales». Lo harán a través de un «Punto de contacto», que será la Unidad de criminalidad informática de la Fiscalía General del Estado. El Punto de Contacto facilitará la notificación de contenidos ilegales, mediante un procedimiento ágil y con garantías, para el bloqueo, la retirada o restricción de acceso a los mismos, «contribuyendo a que la legislación española pueda ser aplicada eficazmente».

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalan que «todos los ciudadanos y también los comunicantes fiables, o ‘trusted flaggers’, pueden pedir a una plataforma de Internet que retire contenido que no cumpla las normas de la plataforma».

«Los comunicantes fiables, que tienen experiencia y formación para monitorizar el discurso de odio, si detectan un discurso que puede ser constitutivo de delito lo que hacen es notificarlo a la Fiscalía de delitos de odio, que se ocupa, en su caso, de iniciar el procedimiento en caso de que fuera oportuno. Los formularios, que se van a elaborar permitirán notificar a las plataformas y a la Fiscalía con la información homogénea y necesaria para la mejor retirada de contenidos», explican estas mismas fuentes. ¡

Una PNL de Podemos

En octubre pasado, el Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa de Podemos en la que se instaba al Gobierno a adoptar medidas contra los «mensajes de odio» en las redes sociales.

La formación de Iglesias justificó su propuesta en la «creciente polarización» de la opinión pública por la crisis del Covid, considerando que se están utilizando las redes sociales, portales digitales u otras plataformas virtuales para «señalar a determinados individuos o a grupos específicos como los causantes y responsables de la crisis sanitaria».

Según Podemos «el dolor colectivo derivado del coronavirus se ha estado instrumentalizando con fines ideológicos» y, por ello, reclamaba al Gobierno que garantice que los usuarios de las empresas tecnológicas dispongan de la información necesaria sobre «cómo denunciar los contenidos que inciten al odio». Los operadores dispondrían de 24 horas para eliminar estos contenidos de la Red y de sólo una cuando las víctimas sean menores.

Cabe recordar que el PSOE de Pedro Sánchez denunció supuestos delitos de injurias y de odio de Vox en las redes sociales, que luego quedaron archivados por la Justicia. Los socialistas se referían a una serie de tuits en los que el partido de Santiago Abascal acusaba al Gobierno de «ocultar» las consecuencias de la pandemia.

Desde la oposición de PP y Vox se criticó la iniciativa. Los ‘populares’ la calificaron de «disparate» y se quejaron de que las empresas tecnológicas privadas, en lugar de los jueces, decidan sobre lo que está bien o mal en las redes sociales.

Vox, por su parte, acusó a sus impulsores querer «implantar una inquisición laica contra todo aquello que rompe sus esquemas ideológicos».