Nueva exigencia del independentismo al Gobierno: financiar un colegio catalán ¡en Francia!
ERC propone "establecer una asignación de fondos estable" para el ente que controla el colegio en catalán
El independentismo ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez financiar un colegio catalán en la región francesa de Rosellón, al sur del país galo, que los independentistas han reclamado como parte de los autodenominados «países catalanes». Se trata del colegio conocido como La Bressola, así como otros ocho centros, para los que ERC pide «establecer una asignación de fondos estable».
El Boletín Oficial de las Cortes Generales ha publicado este martes una proposición no de ley de ERC que tiene como objeto establecer una «protección de las escuelas catalanas en la Cataluña Norte» (sic). Es decir, las instituciones de enseñanza en catalán que están situadas en una región del sur de Francia.
El grupo parlamentario cuyo portavoz en el Congreso es Gabriel Rufián hace un recorrido histórico por la creación en 1976 de estas escuelas en catalán en el país galo. Los republicanos aseguran que la institución original «ha sobrevivido gracias a la solidaridad y la implicación de la sociedad civil».
Además, detallan que la iniciativa ahora «cuenta con 9 centros escolares (7 escuelas y 2 centros de secundaria) con más de 1.100 alumnos repartidos en siete municipios de la Cataluña Norte». Todas esas localidades son pertenecientes a la región francesa de Rosellón: Perpiñán, Nyils, Prada, El Soler, Sant Esteve, Pesillà y Canet del Rosellón.
A ojos del partido independentista, el catalán en Francia se encuentra «en situación de peligro». Y aseguran que esto sucede porque tratan de enseñarlo de modo que «sea accesible para todos»: «Las familias pagan en función de sus ingresos». Manifiestan que el centro «depende de las subvenciones» y que las ayudas públicas, «tanto desde el Departamento como desde la Región, se han ido reduciendo hasta llevar al proyecto a una situación límite».
ERC lamenta que la institución tenga que subsistir basándose en la ayuda de un ente llamado Asociación de Amigos de la Bressola, que ha «hecho llegar aportaciones económicas recogidas entre los asociados o ayudas institucionales desde la Cataluña Sur» (sic), es decir, desde la Generalitat.
Los independentistas han justificado su iniciativa en que el catalán es «una lengua minorizada y uno de los elementos vertebradores de la identidad cultural y social de los Países Catalanes». Y es que la región del Rosellón es una de las zonas que los secesionistas autodenominan como parte de esos Países Catalanes.
«En el contexto político y lingüístico actual, tanto del Estado francés como del Estado español, se hace evidente la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para asegurar la supervivencia de la lengua catalana y el respeto a los derechos lingüísticos de la ciudadanía», asegura ERC en su proposición no de ley.
Además, apelan a la Constitución Española, cuya legalidad incumplieron con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Concretamente, inciden en que, en su artículo 3, la Carta Magna propugna «la lengua catalana como patrimonio cultural objeto de especial respeto y protección».
Respecto a Francia, simplemente señalan que su enseñanza «es imprescindible para el mantenimiento de la lengua en el contexto actual de minorización lingüística que se vive en el Estado francés».
«Una asignación estable»
Tras exponer sus razonamientos, ERC ha exigido al Gobierno de Sánchez «establecer una asignación de fondos estable» para la Asociación de Amigos de la Bressola. Todo ello, «con el objetivo de proteger y promocionar la diversidad lingüística».
En ese mismo sentido, insta al Ejecutivo a «proteger y promocionar las lenguas oficiales distintas del castellano en aquellos territorios de fuera del Estado español donde se hablan».
Por otra parte, insta al Gobierno central a «aplicar las actuaciones necesarias en política internacional para conseguir el reconocimiento del catalán como lengua oficial en la Unión Europea». Esta es una de las exigencias que ha impuesto el independentismo para apoyar a Sánchez al frente de la jefatura del Ejecutivo.
El último paso en ese sentido ha sido la propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares. El Ejecutivo ha presentado la documentación para debatir la «inclusión del catalán entre las otras lenguas nacionales» que pueden enseñarse en las Escuelas Europeas. Esta institución está destinada a escolarizar, principalmente, a los hijos de los funcionarios de las instituciones comunitarias.
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