La norma de la UE que Sánchez usa contra la prensa le obliga a acabar con el «control político» de RTVE

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 18/07/2024 06:36
  • Actualizado: 18/07/2024 11:49

Pedro Sánchez ha esbozado este miércoles las líneas maestras de su llamado plan de «regeneración democrática» contra los medios de comunicación, pero sin concretar detalles, ni propuestas. El presidente socialista, en un pleno extraordinario en el Congreso, se ha remitido fundamentalmente al reglamento europeo de medios de comunicación aprobado hace unos meses y que obliga a España a adoptar sus medidas. Ese reglamento -Reglamento Europeo sobre Libertad de Medios de Comunicación- al que Sánchez se ha agarrado durante toda su comparencia va sin embargo en sentido opuesto a lo que el líder socialista pretende, es decir, el control de los medios que revelan informaciones sensibles contra él, su Gobierno o su familia. En su lugar, la UE obliga a las autoridades nacionales a proteger a los medios y periodistas frente a los intentos de «censura» o «injerencia política». Y esto, destaca la norma, es especialmente aplicable a los medios públicos, como sería el caso de RTVE. En concreto, el reglamento insiste especialmente en el «nombramiento y la destitución de los gestores de los medios de comunicación de servicio público».

Según el texto europeo, las normas en este sentido son «en algunos casos insuficientes o resultan ineficaces en la práctica». Igualmente, se llama la atención sobre el «control gubernamental de los medios de comunicación de servicio público», destacando «el nombramiento de las personas que ejerzan la dirección del consejo de administración de los medios de comunicación de servicio público, o de los miembros de éste». «Cuando las salvaguardias no existen o son insuficientes, se plantean riesgos de injerencia política en la línea editorial o la gobernanza de los medios de comunicación de servicio público», asevera el reglamento adoptado en Bruselas.

Presidenta militante

Cabe recordar que, en marzo de este año, Moncloa impuso como nueva presidenta de RTVE a Concepción Cascajosa, militante socialista reconocida. Cascajosa fue la candidata propuesta por el PSOE, impuesta por Moncloa, y admitió abiertamente su vinculación al partido de Pedro Sánchez.

«Soy militante del Partido Socialista y, en ese sentido, considero que esa militancia forma parte de mi compromiso social y de mis ideas progresistas. En ese marco, le tengo que decir que mi compromiso hasta ahora en ese ámbito ha sido estrictamente local, y que considero que, de igual manera que sus señorías están aquí en representación de diferentes ideologías y de diferentes marcos, eso manifiesta un compromiso. Un compromiso con unas ideas que tengo, y que defenderlas considero que forma parte de mi vida profesional», llegó a decir en el Congreso, durante su evaluación como candidata.

Las muestras de servilismo de TVE a Pedro Sánchez son numerosas. De hecho, fue a la cadena pública a la que concedió su primera entrevista tras su decisión de continuar en La Moncloa. Allí avanzó precisamente su plan de «regeneración» contra los medios y afirmó que su «autocrítica» era no «haber actuado antes» contra lo que denomina «máquina del fango», la supuesta ofensiva liderada por la oposición para «destruirle».

Sin medidas

Este miércoles, Sánchez ha comparecido a petición propia en el Congreso para exponer dicho plan, pero no ha concretado medidas. Sí se ha remitido en numerosas ocasiones a la norma europea.

En este sentido, ha incidido en que dicho reglamento plantea que «los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencia de forma honesta, para evitar fraudes en la inversión publicitaria por parte de gobiernos de nuestra democracia».

Sánchez ha defendido la necesidad de «limitar la financiación de las administraciones públicas para que no haya medios de comunicación que tengan más financiadores públicos que electores y asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes». Acto seguido, sin embargo, él mismo ha anunciado un paquete de 100 millones en «ayudas» para la «digitalización» de los medios «que lo necesiten, con independencia de su línea editorial».

También ha adelantado que el Gobierno quiere «reforzar los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía». «Los medios tienen que ser libres, poder desarrollar su propia línea editorial y, a su vez, los ciudadanos tienen que poder defenderse si se vierten sobre ellos calumnias o acusaciones infundadas» para lo cual se propondrá «una nueva reforma de la Ley Mordaza», ha dicho.

Sánchez ha considerado que «no es la misión ni la intención del Gobierno repartir carnés de fiabilidad entre los medios de comunicación», ha manifestado, esgrimiendo que esa fiabilidad «se la tienen que dar los ciudadanos, pero sí es obligación de los poderes públicos desarrollar lo acordado en Europa», justificando así sus propuestas.