El nº 2 del PSOE de Móstoles colocó a su mujer en la empresa a la que adjudicó un contrato de 145 millones
Está además implicado en el 'caso ITV' de Móstoles y acusado de malversación de caudales públicos
La lista de personas enchufadas por el Ayuntamiento de Móstoles parece no tener fin. Si la ex alcaldesa Noelia Posse (PSOE) ya era conocida por haber colocado a varios miembros de su familia y amigos en el Consistorio y en empresas municipales, ahora es su número 2, Álex Martín (procesado por el caso ITV), quien tiene enchufada a su pareja en una empresa privada de gestión de residuos.
Su pareja, ingeniera de profesión, entró a trabajar en Urbaser cuando Martín era concejal de Seguridad, Cultura, Convivencia y Transición Ecológica en el Ayuntamiento. Al principio se le hizo un contrato temporal por 2 meses, después otro de 4 meses de duración para, finalmente, hacerla indefinida en 2022.
Fuentes consultadas por OKDIARIO indican que Urbaser recibió presiones por parte del concejal socialista para que su pareja, Génesis Rangel, fuese contratada. Además, se da la coincidencia de que Urbaser fue la empresa adjudicataria durante el Gobierno socialista de Noelia Posse del contrato de recogida de residuos de Móstoles por un periodo de 10 años y 145 millones de euros.
Desde el propio Gobierno municipal, formado por PSOE y Podemos en aquel entonces, calificaron esa adjudicación municipal como el «mayor contrato de la historia de Móstoles en esta área».
OKDIARIO se ha puesto en contacto con Álex Martín, que en un primer momento ha negado los hechos asegurando que conoció a su pareja cuando ya trabajaba en Urbaser, para a continuación asegurar que «tampoco es que le haya dado un puesto de trabajo de 50.000 euros, ella cobra 1.000 euros como limpiadora».
Álex Martín Jiménez es actualmente secretario general del PSOE de Móstoles y portavoz adjunto en el grupo socialista. Además, es uno de los implicados por el caso ITV y está acusado por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa, por los que le piden 6 años de prisión y 15 de inhabilitación.
‘Caso ITV’
Junto a Álex Martín Jiménez, también han sido investigados en el caso ITV la ex alcaldesa Noelia Posse, David Muñoz (ex teniente de alcalde y secretario de Organización del PSOE mostoleño), Rebeca Prieto (ex concejala de Empleo, PSOE), Alejandro Martín (secretario general del PSOE de Móstoles y ex concejal de Cultura y Seguridad Ciudadana), María Luisa Ruiz (ex concejala de Urbanismo, PSOE), Aitor Perlines (ex concejal de Hacienda), María Dolores Triviño (ex concejala de Igualdad, PSOE), Natividad Gómez (ex concejala de Educación por Podemos), Beatriz Benavides (ex concejala de Urbanismo e Igualdad; ya jubilada) y Francisco Javier Torner (ex tesorero municipal).
Este procedimiento tiene lugar como consecuencia de «presuntas responsabilidades contables puestas de manifiesto por la Intervención del Ayuntamiento de Móstoles».
Concretamente, por la anulación, por parte del Consistorio, de más de dos millones de euros de deuda que acumulaba la empresa adjudicataria ITV Móstoles SL, que se encargaba de la inspección técnica de vehículos y que había dejado de abonar desde el 2013 el canon que debía al Ayuntamiento.
El padre de Álex Martín Jiménez, Agustín Martín, ex concejal del PSOE en el Gobierno que presidía el hoy secretario de Estado David Lucas, también está imputado por su presunta participación en la trama de contratos menores que investiga el Juzgado de Instrucción número 5 de Móstoles.
Existe una gran preocupación tanto en la ejecutiva regional como federal del PSOE por la situación que atraviesa este municipio. De hecho, la secretaria de Organización de los socialistas en la Comunidad de Madrid, Pilar Sánchez Acera, mano derecha del ministro Óscar López, ha llegado a pedir a los concejales imputados que tengan un gesto de generosidad con el partido y que den un paso atrás, permitiendo una renovación de la próxima ejecutiva local que se votará el 5 de abril.
No se descarta incluso que se les pueda suspender de militancia y cerrar la agrupación imponiendo una gestora hasta que se celebren las elecciones municipales de 2027.
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