La mujer y el hijo del delincuente Griñán solicitan formalmente su indulto parcial
Moncloa adelanta el indulto al delincuente Griñán condenado a 6 años: «No hay motivos para denegarlo»
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La mujer del ex presidente de la Junta de Andalucía, el condenado por corrupción José Antonio Griñán, y su hijo -María Teresa Caravaca y Manuel Griñán- han preparado la petición de indulto parcial, alegando su «intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la Democracia» y que a lo largo de 40 años dedicados al servicio público «jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo de funcionario». Hay que recordar que Griñán ha sido condenado a 6 años de cárcel por el saqueo de 679 millones de euros de fondos públicos en Andalucía.
La condena quedó certificada el 26 de julio, cuando el Tribunal Supremo (TS) confirmó la misma a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). El primero fue condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación, mientras que el segundo fue sentenciado a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación, lo que le sitúa ahora a un paso del ingreso en prisión.
Desde Moncloa ya se ha venido abonando el terreno para indultar a Griñán, tal y como adelantó en su día OKDIARIO citando a fuentes gubernamentales. Estas afirmaban que «si alguien solicita el indulto», algo que el propio abogado del ex presidente de la Junta ya ha confirmado, «no hay motivos para denegarlo». «Más teniendo en cuenta la edad de Griñán».
El documento será presentado ante el Ministerio de Justicia y que busca evitar la entrada en prisión del que también fuera presidente del PSOE, contará con la firma de apoyo de, entre otros, dos expresidentes del Gobierno: José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González. Asimismo, señalan que será presentado tras la publicación de la sentencia del Supremo, de la que hasta ahora sólo se ha adelantado el fallo.
El pasado 8 de agosto, González indicó en un comunicado que había recibido con «perplejidad y dolor» el fallo del Supremo y defendía su «intachable integridad moral», por lo que aseguraba que si tuviera oportunidad de nombrarle miembro de un Gobierno que él presidiera, lo volvería a hacer.
«Ironía»
En el documento, de 11 páginas, la familia de Griñán califica de «desafortunada ironía» su condena a prisión por malversación, toda vez que «durante toda su vida ha hecho precisamente de la honestidad profesional y económica su principal valor». Tras repasar su biografía política, y atacando al delito de malversación, apuntan que es un «hecho cierto y conocido» que el patrimonio del político andaluz es «limpio y ajustado al propio del servidor público».
De hecho, hacen relación de sus cuentas y propiedades, señalando que han sido publicadas tanto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía como en el de las Cortes Generales, y apostillan que es «publico y notorio» que tras haber ocupado las más altas magistraturas del estado, «su patrimonio acredita por sí mismo la limpia ejecutoria de un servidor público ejemplar».
Además, destacan la actitud «prudente» y «discreta» mantenida por Griñán ante el proceso judicial del caso de los ERE, y añaden que mantienen el mismo respeto a los tribunales cuando piden la medida de gracia por «razones de humanidad y equidad». La familia, en este borrador, señala que el exdirigente socialista ha sufrido a lo largo de once años «un permanente deterioro psicológico y moral» al ver su nombre expuesto al debate público.
«Exiguo margen»
En el escrito, se pone el foco además en el hecho de que el tribunal sentenciador haya condenado a 6 años a Griñán con tres votos a favor por dos en contra. «Es la primera vez en la historia que un caso de esta envergadura (…) se resuelve por tan exiguo margen», añaden.
La familia de Griñán alega además para defender el indulto que se da «una falta de proporcionalidad de la sanción», que la tramitación de la causa se ha extendido por un «largo periodo de tiempo» y que la notificación del fallo del Supremo sin tener acceso a la sentencia para ver los motivos le somete «a una condena pública frente a la que en puridad no puede dar respuesta».
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