Montero pudo cometer revelación de secretos y denuncia falsa en su filtración sobre la pareja de Ayuso

La ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que filtró las comisiones de la pareja de Isabel Díaz Ayuso cuatro horas antes de ser publicadas por la prensa afín podría enfrentarse a un presunto delito de revelación de secretos y denuncia falsa, según los expertos en Derecho Penal consultados por este periódico. Montero imputó delitos al novio de la presidenta autonómica cuando no ha sido juzgado por el tribunal y facilitó información reservada sobre una inspección de la Agencia Tributaria incumpliendo el deber de secreto y sigilo que deben cumplir los trabajadores del fisco. Estos delitos están castigados con penas cortas de cárcel de hasta dos años.

El pasado martes 12 de marzo, en los pasillos del Senado, María Jesús Montero, afirmó haberse enterado por la prensa de que Ayuso vivía con su pareja en un piso pagado «con fraude a la hacienda pública» y con «comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia». Sin embargo, esa noticia aún no se había publicado, revelando que Montero tenía información privilegiada sobre la investigación de la Agencia Tributaria.

Estas palabras podrían ser constitutivas de delito, según el penalista Marcos Moliner, consultado por este periódico: «La defensa de la pareja de Ayuso podría interponer una querella criminal en el Tribunal Supremo por revelación de secretos y, además, existe una imputación directa de delitos hacia él». Es importante recalcar que sólo un juez tras un procedimiento judicial puede declarar culpable de haber cometido delitos a una persona.

Moliner también incide en que las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno fueron pronunciadas ante los medios de comunicación. «Hubo una denuncia falsa con publicidad, algo que excede de la libertad de expresión», apunta el penalista. Además, María Jesús Montero difundió datos de carácter personal protegidos en el artículo 18 de la Constitución Española en el que se garantiza el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar.

Los dos delitos en los que podrían incardinarse las palabras de María Jesús Montero están tipificados en el Código Penal con penas de cárcel. Las consecuencias de una denuncia falsa son condenas de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses si se imputa un delito grave. Por su parte, cometer un delito de revelación de secretos podría acarrear una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 12 meses en el supuesto de que una persona difunda, revele o ceda a terceros información sin autorización del afectado.

Deber de sigilo y secreto

Al margen de los presuntos delitos, la titular de Hacienda también difundió datos procedentes de una inspección fiscal de la Agencia Tributaria, departamento que depende directamente de su ministerio. María Jesús Montero tenía información privilegiada sobre este caso, reflejando que la pareja de Ayuso obtuvo comisiones en la venta de mascarillas antes de que se publicara en los medios de comunicación. «La ministra sabía una cosa que no debía saber y dijo una cosa que no debía decir», explica el economista y el ex presidente de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo en una conversación con este periódico. Y no le falta razón, puesto que el carácter reservado de las inspecciones de Hacienda está regulado por el artículo 95 de la Ley General Tributaria.

El citado artículo también señala que «la Administración tributaria adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información tributaria y su uso adecuado». Sin embargo, en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso se han filtrado datos de la investigación que se han traducido en una denuncia de la Fiscalía. «Se ha incumplido el deber de sigilo y secreto de los funcionarios y eso es falta disciplinaria muy grave», explica Jarabo, a la vez que recuerda que durante su etapa al frente del fisco tuvo que suspender de empleo y sueldo dos años a un trabajador por aportar datos a un particular sobre una inspección que estaban llevando a cabo.

«La ministra no es funcionaria de la Agencia Tributaria, por lo que no está sujeta al régimen sancionador de la misma, pero es posible que un funcionario lo haya incumplido al aportarle datos sobre este caso. De este modo, la propia ministra estaría colaborando en no respetar el deber de secreto del fisco», argumenta Ignacio Ruiz-Jarabo. Y prosigue: «La ministra, desde su posición, no puede acceder a las inspecciones que se están realizando, no debería saber en absoluto nada de ninguna inspección concreta».

Sin embargo, Montero hizo constar en un canutazo ante los medios que se estaban llevando a cabo estos trabajos. A ellos también hay que sumarle que hace unas semanas el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, dijo en una entrevista en laSexta que «quienes me piden explicaciones deberían explicar cómo se han comprado un piso de un millón de euros en Chamberí». Esta frase cobra un nuevo sentido ahora que se señala a Isabel Díaz Ayuso por la adquisición de una vivienda por parte de su pareja.

Montero revela datos

María Jesús Montero también reveló ante la prensa datos personales del novio de Ayuso que no es un personaje público. Esto vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y el derecho a la intimidad y la protección de datos de carácter personal establecido en la Carta Magna. Además, la ministra aludió a unas posibles comisiones cuyo cobro está siendo investigado.

«Las comisiones son unos ingresos totalmente válidos. Lo que subyace en todos estos casos no es el ingreso de la comisión sino quien la recibe por tener alguna vinculación con el cargo público, ahí entran en juego otros posibles delitos, pero que no son tributarios» explica la experta de Derecho Tributario, Ana Martín. «Que tengas una inspección no significa que seas culpable de nada, te inspeccionan como le pasa a la mayoría de las personas, alegas, te defiendes y ya se verá en el resultado», zanja Martín.