Moncloa presiona al Constitucional para que acepte a Campo y Díez: «No cabe un bloqueo como en el CGPJ»

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Investigación e información parlamentaria
• • 07/12/2022 06:47
  • Actualizado: 07/12/2022 07:50

El Gobierno de Pedro Sánchez elevó este martes la presión hacia los magistrados del Tribunal Constitucional encargados de validar a los candidatos que ha propuesto Moncloa (Juan Carlos Campo y Laura Díez) sin aguardar al Consejo General del Poder Judicial. «Esperemos que la crisis del CGPJ no se traslade al TC», señalaron fuentes gubernamentales en los corrillos del Congreso al término del acto por el Día de la Constitución. En el Ejecutivo y en sus socios se ha instalado el temor a que la crisis institucional se enquiste hasta las próximas elecciones generales, previstas para finales de año.»No cabe un bloqueo como en el CGPJ», incidieron las mismas fuentes sobre el proceso activado para la corte de garantías.

De esta forma, tales fuentes gubernamentales quisieron conminar al Tribunal Constitucional a dar su visto bueno lo más pronto posible a los dos candidatos propuestos por Moncloa: el ex ministro Juan Carlos Campo, firmante de los indultos a los golpistas del 1-O, y la catedrática Laura Díez, ex directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en el Ministerio de la Presidencia, primero con Carmen Calvo y después con Félix Bolaños, y ex asesora de la Generalitat de Cataluña entre 2002 y 2004.

Ya la pasada semana, el Tribunal Constitucional desestimó la petición de tres magistrados progresistas (Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez e Inmaculada Montalbán) para adelantar el examen de idoneidad a estos dos candidatos designados por el Gobierno. El presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, recabó la opinión del resto de los magistrados, que se manifestaron en contra, por lo que se acordó esperar hasta la celebración del Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del 22 de diciembre para conocer si nombra a sus dos magistrados.

Se da la circunstancia de que la Carta Magna establece en su artículo 159 que la renovación de la corte de garantías debe ser por tercios, y el próximo tercio lo componen tanto los dos candidatos propuestos por el Gobierno como los otros dos que corresponden al CGPJ. Ante ello, Moncloa esgrime que «ya hay una sentencia del Constitucional, que es de 15 de noviembre de 2016, donde se dice que cuando un órgano que tenga obligación de nombrar magistrados del Constitucional no lo haga en tiempo y forma, eso no puede retrasar a otro órgano, en este caso, el Gobierno».

Precisamente, Pedro González-Trevijano coincidió este martes con Pedro Sánchez en el acto institucional por el Día de la Constitución e incluso se hicieron una fotografía en el interior del Congreso junto a las otras máximas autoridades del Estado, esto es, los presidentes de las Cortes (los socialistas Meritxell Batet y Ander Gil) y el presidente del CGPJ, Rafael Mozo. La señal oficial de televisión no ofreció detalles de este encuentro en el interior del Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

«Aguantar»

En este contexto, el portavoz del PNV en el Congreso, el nacionalista Aitor Esteban, manifestó que «en el Constitucional creo que van a pasar cosas… si pueden aguantar hasta una nueva legislatura, donde se lancen nuevamente los dados y se vean qué mayorías quedan, pues lo van a intentar», recalcó en declaraciones a los medios en Bilbao, añadiendo que «este es el valor que se da a la Constitución por parte de los constitucionalistas».

Por su parte, y delante de las cámaras, Sánchez volvió a emplazar al PP desbloquear el CGPJ, que lleva más de cuatro años con el mandato caducado. «Hago un llamamiento más a la responsabilidad de los partidos conservadores para que cumplan sus obligaciones constitucionales. Mientras no lo hagan no van a poder dar ninguna lección de constitucionalismo», afirmó. Sin embargo, poco después, en una conversación informal con periodistas, reveló que está dispuesto a reformar a la carta el delito de malversación -al mismo tiempo que la derogación de la sedición y «sin afectar a la corrupción política»- para rebajar la inhabilitación del líder golpista de ERC, Oriol Junqueras, y que pueda presentarse a los próximos comicios.

Desde el PP, el propio Alberto Núñez Feijóo, en su primer Día de la Constitución como jefe de la oposición, replicó a Sánchez en los corrillos que «si el delito de malversación queda impune, será imposible que se den las condiciones para retomar las conversaciones sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial».

Con anterioridad, en el Patio de Floridablanca del Congreso, el presidente de los populares también denunció que «la amenaza de los partidos anticonstitucionalistas es una amenaza real y lo estamos viendo en decisiones del Gobierno muy sorprendentes que están bordeando la Constitución y están llenando de dudas, recelos y preocupaciones a muchos ciudadanos españoles», apostilló Feijóo.