Moncloa se gasta 456.000 € en un consorcio fantasma cuya web oficial promociona los casinos online

• Roberto Pérez @Robertoperezbc
• Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.
• • 15/03/2025 06:51
  • Actualizado: 15/03/2025 06:51

Moncloa se ha gastado 456.000 euros en un consorcio estatal que llevaba más de 12 años inactivo y pendiente de ser liquidado. Se trata del consorcio La Pepa, que se creó para conmemorar el bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812. Dejó de funcionar en 2013, una vez finalizado el año de la efeméride y tras acumular una tremenda retahíla de irregularidades en la tramitación de expedientes de gasto, contratación de personal e incumplimientos múltiples de control interno, según constató en su día el Tribunal de Cuentas sin que ello haya tenido consecuencia práctica para quienes estuvieron al frente de ese ente.

El coste de ese consorcio fantasma –lo ha sido durante 12 años– ha ascendido en total a 10 millones de euros de dinero público. Los últimos 456.000 euros son los que Moncloa ha desembolsado hace unos meses, a través del Ministerio de la Presidencia que dirige Félix Bolaños.

Otra guinda del descontrol es la página web del consorcio, www.bicentenariocadiz1812.es, que sigue activa, pero que ya no muestra ningún contenido relacionado con la Constitución de 1812, conocida como La Pepa, sino que muestra un artículo dedicado a promocionar el juego por internet, los casinos online.

El organismo estatal Acción Cultural Española (ACE) sigue mostrando en internet, entre su lista de entidades de interés, ese Consorcio para la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812. La ficha que muestra la página de ACE indica esa dirección web del consorcio, pero cuando se accede a ella aparece una página en la que, bajo el epígrafe «Bicentenario Cádiz 1812» aparece exclusivamente un artículo titulado «¿Cuáles son los casinos online que más pagan en 2025?». En él se difunde «un listado con los mejores casinos online que ofrecen los pagos más altos».

Todo indica que esa dirección web que creó el consorcio ha acabado abandonada por el Estado, en vez de haber sido reservada y gestionada como un alojamiento oficial en internet dedicado a difundir la historia del constitucionalismo español.

Multimillonario reguero de gastos

Mientras tanto, el consorcio creado al efecto ha dejado un reguero de gastos que se ha extendido hasta doce años después de que el ente dejara de funcionar. Esos 456.000 euros que ha desembolsado el Ministerio de la Presidencia corresponden a las últimas liquidaciones que quedaron en el limbo cuando el consorcio dejó de funcionar. Casi medio millón que responden, también, a otra de las anomalías que el Tribunal de Cuentas ya detectó en 2016, cuando terminó de escrutar la gestión económica de ese consorcio que creó y controló el Gobierno de Rodríguez Zapatero, y al que se sumaron también como socios la Junta de Andalucía del socialista José Antonio Griñán, la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz y el de la gaditana localidad de San Fernando.

La creación de ese consorcio fue liderada por la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, la socialista María Teresa Fernández de la Vega. La Administración del Estado se convertía en el socio mayoritario de ese nuevo ente. El segundo con mayor participación fue la Junta de Andalucía.

Diez millones de dinero público

Finalmente, el consorcio le ha costado algo más de 3,7 millones de euros al Gobierno central, 2,5 millones a la Junta de Andalucía, 1,1 millones a la Diputación de Cádiz, 220.000 euros al Ayuntamiento de San Fernando, y 1,04 millones al Ayuntamiento de Cádiz.

En total, 10 millones de dinero público gastados entre un cúmulo de anomalías, justo en los años en los que la crisis colocó a España al borde del rescate por la falta de liquidez del Estado y el excesivo gasto público acumulado.

A esos 10 millones de fondos públicos se sumaron algo más de 10 millones aportados por empresas que se apuntaron como patrocinadoras y que se beneficiaron de las ventajas fiscales que se les aplicaron por ello. Pero no todas acabaron pagando en tiempo y forma lo que se comprometieron a abonar, lo que contribuyó a enredar todavía más las enfangadas cuentas de este consorcio que se ha mantenido como ente público fantasma durante doce años.

El millonario pago a la MTV

Este organismo echó a andar el 19 de marzo de 2007, cundo se firmó el convenio de creación con la firma de la entonces vicepresidenta Fernández de la Vega. Desde ese momento hasta el 31 de diciembre de 2012, último día de funcionamiento práctico del ente, el consorcio se gastó un total de 20,04 millones de euros. De ellos, 13,85 se fueron en gastos de lo más variado, entre los que destacan, por ejemplo, 1,27 millones que se pagaron por un concierto de la cadena de televisión MTV bajo la denominación de «La Pepa 2010».

Este millonario concierto es uno de los que fue puesto bajo sospecha por parte de los auditores del Estado que inspeccionaron las cuentas del consorcio. Entre otras cosas, porque en ese expediente «se omitió la preceptiva fiscalización previa» y, sin ese requisito elemental de control del gasto, la junta de gobierno del consorcio lo aprobó y lo dio por bueno. Hubo otros 12 convenios, 26 contratos y 11 subvenciones que fueron adjudicados a dedo por el presidente o el gerente del consorcio, saltándose también todos los requisitos exigidos.

Además de esos 13,85 millones que se fueron en el capítulo presupuestario de «gastos corrientes de bienes y servicios», el consorcio pagó en sueldos y cotizaciones a la seguridad social 1,61 millones de euros entre 2007 y 2012. Repartió otros 1,88 millones en subvenciones y anotó gastos por inversiones de 2,7 millones.

Se debía haber liquidado en 2013

Los estatutos fundacionales del consorcio de La Pepa establecía que tenía que quedar disuelto «en el momento en que se aprueben las operaciones de liquidación, que deberán estar concluidas antes de finalizar el primer trimestre del año 2013». No fue así. Quedaron coleando gastos y, en vez de resolverse, el consorcio se mantuvo vivo durante doce años pese a no tener actividad. En octubre de 2013 dejó de tener trabajadores y se cerró la oficina, pero el ente ha seguido como organismo fantasma, pendiente de una disolución que no se ha producido hasta ahora.

Este consorcio fue creado y gestionado por el Gobierno de Zapatero y la Junta de Griñán. Tras llegar Mariano Rajoy a La Moncloa, el Ejecutivo del PP tomó el control del organismo, pero con muy escaso margen de maniobra porque se encontró prácticamente todos los expedientes ya comprometidos. Cuando Pedro Sánchez llegó al poder con la moción de censura contra Rajoy, en junio de 2018, el enredo persistía. Y en ese enfangado letargo ha seguido hasta ahora, cuando el consorcio se ha liquidado, por fin, tras cuadrar su contabilidad con el desembolso de estos 456.000 euros abonados desde el Ministerio de la Presidencia.

Para la historia queda la enorme lista de irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la gestión de ese ente, sin que esas anomalías hayan tenido consecuencias prácticas para quienes estuvieron al frente de ese consorcio en el que se fueron 10 millones de euros de dinero público en lo peor de la crisis económica que se había desatado en 2008.