Moncloa critica la «intención política, acoso y deshumanización» del juez Peinado por sentar en el banquillo a Begoña

El Gobierno de Pedro Sánchez critica la «intención política, acoso y deshumanización» del juez Juan Carlos Peinado después de que el magistrado sentase este lunes en el banquillo a la mujer del presidente, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y malversación. Fuentes de Moncloa han «condenado» la decisión definiendo la instrucción como «arbitraria e injusta».

Desde el palacio presidencial expresan su condena contra la decisión del Juez Peinado de decretar la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez. Las fuentes gubernamentales creen que «durante toda la instrucción ha quedado clara y demostrada su inocencia» y se muestran «seguros» de que «quedará también demostrado en el juicio». «Mantenemos nuestra plena confianza en que el jurado era ecuánime e impartirá justicia», subrayan desde Moncloa.

Las fuentes del Ejecutivo denuncian que «se trata de una instrucción arbitraria e injusta» y que la actuación del juez Peinado «sólo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer del presidente».

Moncloa califica como «intolerable» que el auto del instructor se haya notificado «coincidiendo con un viaje internacional» de Sánchez y «antes de ser notificado a las partes». El jefe del Ejecutivo ha viajado este lunes para asistir al 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí le acompañarán la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

«Son incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización que han marcado toda esta instrucción», han subrayado fuentes del Ejecutivo.

Begoña, ante el jurado

Peinado ha dictado este lunes el auto de apertura de juicio oral con jurado contra Begoña Gómez y contra su asesora Cristina Álvarez. El instructor resuelve que la mujer del presidente se siente en el banquillo de los acusados por un delito de tráfico de influencias y otro de malversación de caudales públicos. Por su parte, Álvarez responderá como cooperadora necesaria sólo por la malversación relativa al desvío de un software universitario. El procedimiento con tribunal del jurado pasa ahora a la Audiencia Provincial de Madrid.

Para Begoña Gómez pide dos años de prisión por tráfico de influencias, tres años por malversación continuada y ocho años de prisión con veinte de inhabilitación absoluta por la malversación del software, o, subsidiariamente, diez años de prisión en caso de concurso medial. Para Álvarez reclama seis años de prisión y quince de inhabilitación absoluta.

El Ministerio Fiscal, mediante escrito del 24 de julio, ha mantenido su petición de sobreseimiento y no ha formulado acusación contra ninguna de las dos.

La Universidad Complutense de Madrid, personada como perjudicada, ha cuantificado el perjuicio patrimonial en 113.509,32 euros —108.765,79 euros en gastos de contratación y 4.743,53 euros en coste de personal propio— y reclama la responsabilidad civil directa y solidaria de ambas acusadas.