Mazón reclama a Sánchez que sólo transfiera a las autonomías a los menas sin dudas sobre su edad

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 03/10/2024 06:45
  • Actualizado: 03/10/2024 06:45

El Gobierno valenciano de Carlos Mazón reclama al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que los menores procedentes de la inmigración ilegal sean puestos a disposición del sistema de protección de menores de las Comunidades Autónomas «en el único caso de que su minoría de edad sea indubitada». Por tanto, que no haya dudas sobre la misma. Esta medida afecta a los denominados menas. Es decir, a los menores inmigrantes no acompañados.

Se da la circunstancia de que más del 90% de los supuestos menores inmigrantes sometidos a pruebas periciales en Aragón han resultado ser mayores de edad. Y este hecho ha generado que las Comunidades y, muy especialmente la Valenciana, quieran gozar de todas las garantías de que los acogidos como menores cumplen la primera de las condiciones para ser considerados como tales: tener la edad que ellos mismos afirman cuando llegan sin documentación ni papeles que refrenden su identidad, procedencia y año de nacimiento.

La petición del Gobierno de Carlos Mazón forma parte de la demanda de apoyo económico para el cuidado de menores migrantes. Está incluida, a su vez, en las 56 necesidades de la Comunidad Valenciana «que no pueden esperar más» y que este viernes tratarán en la reunión que mantendrán en Moncloa el propio Mazón y Pedro Sánchez. En concreto, dentro del capítulo 1 de las reivindicaciones, el correspondiente a Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

Ahora mismo, según el documento que Carlos Mazón ya ha trasladado a Pedro Sánchez, las plazas del proyecto migratorio para menores en la Comunidad Valenciana son 319. Y el coste por día de cada una de esas plazas es de 218,85 euros.

Mazón transmite a Pedro Sánchez en el citado documento que la Comunidad Valenciana se ha visto obligada a ampliar en un año esas plazas en 124 por la «constante llegada de menores no acompañados», lo que se conoce como menas, a los centros de la Comunidad Valenciana.

Es más. Sólo desde diciembre de 2023 hasta el 20 de septiembre de 2024 han llegado a la Comunidad Valenciana, según los datos de la propia Generalitat, 85 menores en el denominado cupo Canarias o cupo mayores.

El coste de atender a esos menores para la Comunidad Valenciana es alto. En concreto, se eleva a 500.000 euros mensuales. Traducido en cifras anuales: 6 millones al año. Lo que la Generalitat Valenciana ha reclamado y sigue reclamando es que el Gobierno de España asuma el coste financiero real de ese mismo gasto. Es decir, los 6 millones completos.

La petición de Carlos Mazón incluye, además, cómo debe asumir el Gobierno de España ese coste. Y es ahí donde entra la exigencia del presidente valenciano: que los menores sean puestos a disposición del sistema de protección de menores de las Comunidades Autónomas, en el único caso en que su minoría de edad sea indubitada.

Mayores de edad «conviviendo con menores»

Por ello, Mazón agrega en su petición «que se incluyan las previsiones necesarias para la concreta determinación de la edad y que durante ese periodo corresponda su atención a la administración competente en materia migratoria», ya que entiende el Gobierno valenciano que la situación actual conlleva una «distorsión de competencias en tanto nos encontramos con personas mayores de edad a cargo de los tensionados sistemas de protección y conviviendo con menores hasta que se produce la determinación de su edad».

En su iniciativa el Ejecutivo de Mazón insiste en que la atención de estas personas «debería hacerse en espacios de acogida de la administración competente, en espacios acordes a su protección y con la preceptiva intervención de fiscalía, hasta que se concrete la minoría de edad de forma indubitada».

Por todo ello, Mazón reclama también a Sánchez en el documento enviado este miércoles que se modifique la norma actual para dar cabida «a las reivindicaciones propuestas a través de la actual modificación del Reglamento de Extranjería», sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.