Marlaska insinúa ‘lawfare’ en la juez de la invasión de Ceuta por ocultarle los informes policiales

El Ministerio del Interior ha abierto un nuevo frente institucional al señalar de forma indirecta a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón por actuar con fines ajenos a la instrucción judicial —lo que se conoce en estos tiempos como «lawfare» o guerra judicial— al prohibir al equipo policial que investiga la crisis inmigratoria de Ceuta trasladar información a sus superiores.

El ministro Fernando Grande-Marlaska ha remitido un escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, en el que le ha transmitido su «preocupación» por la decisión de la jueza.

Perelló, sin embargo, ha respondido este mismo jueves con una defensa cerrada de la independencia judicial y de la actuación de Tardón.

El malestar del Ejecutivo se ha hecho público después de que El Independiente revelara que la magistrada había ordenado a los investigadores no facilitar a sus superiores información alguna sobre la elaboración y el contenido del informe policial remitido a la Audiencia Nacional. No obstante, la Policía se basa en documentos previos que aporta como anexos para elaborar su informe provisional.

El debate ha trascendido también a las redes sociales, donde el magistrado Fernando Portillo ha explicado que buena parte de la información no era nueva, sino que ya obraba en poder de la Policía antes de que la juez ordenase nada.

El propio juez ha planteado, además, otra posibilidad que no se ha llevado a cabo: si, al margen de lo ordenado por la juez, el ministerio había encargado su propio informe político-estratégico sobre la posible implicación de Rabat, algo que a su juicio habría sido lo responsable pese al coste diplomático. Ha insistido, eso sí, en que del documento se desprenden un conflicto de versiones y responsabilidades políticas, aunque no delito.

Responsabilidad de Marruecos

En ese informe, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) y compuesto por 55 páginas, apunta a una actuación activa de las fuerzas de seguridad marroquíes en la crisis y descarta que lo ocurrido fuera un episodio espontáneo o incidental.

En su carta a Perelló, Marlaska ha defendido que «no debería ser incompatible» que la policía judicial atienda los requerimientos de la jueza Tardón y, al mismo tiempo, informe a «sus superiores y responsables políticos» de las circunstancias relevantes para la gestión de la crisis.

El ministro ha insistido en que, «como ministro del Interior, y también como magistrado», respeta «escrupulosamente» la independencia judicial y la dependencia exclusiva de la policía judicial de los jueces, tribunales y el Ministerio Fiscal.

Respuesta de Perelló

Pocas horas después, la presidenta del órgano de gobierno de los jueces ha remitido su propia contestación. En ella ha recordado a Marlaska que los órganos de gobierno del Poder Judicial tienen «constitucional y legalmente vedado aprobar, censurar o corregir actuaciones judiciales», tal y como prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Además, Perelló ha citado también el artículo 118 de la Constitución, que obliga a todos los ciudadanos a prestar colaboración a la Justicia, y el artículo 126, que extiende ese deber de forma especial a la policía judicial.

Asimismo, ha invocado la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y un Real Decreto que atribuyen la función de policía judicial a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cualquiera que sea su dependencia.

La presidenta ha zanjado el rifirrafe con una frase que suena a advertencia. Se ha mostrado de acuerdo con el ministro en la «gravedad y el carácter extraordinario» de la crisis, pero ha defendido que la actuación de la magistrada «responde al ejercicio de sus funciones constitucionales», por las que, ha añadido, «todos debemos mostrar el máximo respeto».

La crisis se ha desatado tras la llegada de decenas de miles de personas a Ceuta en la última semana de agosto, un episodio que el Gobierno ha vinculado a una actuación coordinada de las fuerzas de seguridad marroquíes, según el propio informe del CENIF filtrado a la prensa.

La juez Tardón instruye desde la Audiencia Nacional la causa abierta para determinar responsabilidades en la organización de la entrada masiva, en la que han participado agentes marroquíes «uniformados y dinamizadores», según las fichas remitidas al juzgado.

El propio director general de la Policía, Francisco Pardo, había negado inicialmente la existencia de un informe que señalara a Marruecos, una versión que ha quedado desmentida horas después con la difusión del documento de 55 páginas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido esta semana en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la gestión de la crisis, en medio de manifestaciones convocadas en varias ciudades españolas en apoyo a Ceuta.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional ha asumido personalmente la investigación sobre los hechos, según ha trascendido esta misma semana.

El pulso entre Interior y la Audiencia Nacional deja una imagen insólita: un ministro que invoca ser «también magistrado» para pedir explicaciones a una juez, y una presidenta del Poder Judicial que le responde citando la ley artículo por artículo, como quien imparte una lección de Derecho Constitucional en plena crisis migratoria. La independencia judicial, de momento, ha ganado el primer asalto epistolar.