La maniobra de PSOE y Podemos sobre el CGPJ deja sin plaza a jueces del Supremo, la Audiencia y seis TSJ
La reforma exprés que el PSOE y Podemos van a hacer vía Proposición de Ley, y que impedirá al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar ningún nombramiento discrecional afecta, al menos, a diez plazas de primer nivel entre las que se encuentran una del Tribunal Supremo y otra de la Audiencia Nacional. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, sacó del orden del día del pleno de noviembre los nombramientos, por lo que podrían entrar en el de diciembre. Sin embargo, la Mesa del Congreso ha convocado una sesión este viernes para calificar la PL, por lo que podría entrar en el pleno del Congreso del 15 de diciembre, acabando así con toda posibilidad de que el consejo finalmente otorgue las plazas.
Las plazas que no podrán ser votadas son las plazas de las presidencias de los tribunales superiores de Justicia del País Vasco y Canarias, una plaza de magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que quedó libre tras el fallecimiento de José Manuel López García de la Serrana, la presidencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, así como la presidencia de esa misma sala pero de los TSJ de Asturias, Castilla y León y País Vasco; otra de lo Contencioso del TSJ asturiano; la presidencia de la Audiencia Provincial de Cáceres y varias plazas en diferentes TSJ.
La retirada de Lesmes ya provocó un conflicto interno en el órgano de Gobierno de los jueces. Ahora, la jugada política que les impide votar supone, como dicen las fuentes del CGPJ consultadas por OKDIARIO: “un grave perjuicio para los candidatos y vulnera derechos que les asisten”, ya que todos ellos han presentado sus proyectos y, como marca la Ley, han realizado las pertinentes entrevistas. La reforma que promueven desde PSOE y Podemos implicará que estos candidatos deban comenzar de cero una vez renovado el consejo.
Así, la elección de estas plazas quedaría limitada porque, la PL plantea que el CGPj en funciones no pueda “proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las audiencias, de los tribunales superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los presidentes de Sala y los magistrados del Tribunal Supremo o de los magistrados del Tribunal Constitucional, deben quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo cuando este se encuentra en funciones”.
Proposición de Ley
Tanto PSOE como Podemos basan su PL en que: “Es evidente que la superación del plazo máximo de mandato sin que se haya producido la debida renovación sitúa al Consejo General del Poder Judicial en una situación extraordinaria, cuyo régimen jurídico no puede ser el mismo que el aplicable al periodo normal de funcionamiento”.
Y afirman que en CGPJ no existe ninguna normativa prevista para cuando se encuentra en funciones, como es el caso, y ello genera “un déficit en el diseño constitucional del Estado que debe ser corregido”.
Las pretensiones de ambos partidos son, por un lado, bloquear al actual CGPJ pero, por otro lado, meter presión al Partido Popular que llegue a un acuerdo de renovación del órgano de Gobierno de los jueces, que lleva en funciones dos años. El problema para sobre todo para el PSOE es que desde el partido de Pablo Casado se niegan a llegar a ningún tipo de acuerdo si el PSOE no cumple con determinadas exigencias.
Entre las condiciones que el PP exige, y que, según el consejero de Justicia de Madrid Enrique López son inamovibles, se encuentra la retirada de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. La nueva LOPJ cambia la mayoría necesaria para poder votar los vocales del CGPJ en el Congreso. Actualmente, son necesarios los votos favorables de tres quintos de la cámara, lo que implica que debe haber acuerdo entre los partidos mayoritarios. Sin embargo, la nueva ley prevé que solo será necesaria una mayoría absoluta, lo que dejaría fuera de juego al PP de Pablo Casado, y permitiría sacar adelante la renovación con los votos del PSOE, Podemos y los independentistas.
La segunda condición, casi tan inamovible o más que la primera, es que Podemos no entre en las negociaciones de los vocales que serán elegidos por Congreso y Senado. Es precisamente este punto el que más fricciones está provocando entre ambas formaciones, pues el PP no se mueve ni un ápice de sus exigencias, y el PSOE no se decide a dejar fuera de la negociación a su actual socio de gobierno. Y mientras, los días siguen pasando y el Consejo General del Poder Judicial de Carlos Lesmes sigue en funciones.
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