El juez de vigilancia penitenciaria tumba la libertad de ‘Anboto’, la jefa de ETA que asesinó a 14 personas: «No es admisible»

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 22/04/2026 13:45
  • Actualizado: 22/04/2026 16:23

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Castro, titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a Soledad Iparraguirre, alias Anboto, la ex jefa de ETA que asesinó a 14 personas, y de Juan Ramón Carasatorre, uno de los asesinos de Gregorio Ordóñez. 

Esta decisión supone la vuelta a prisión a de ambos. La primera disfrutaba del régimen de semilibertad desde el pasado 24 de marzo, habiendo cumplido sólo seis de los 700 años de condenas en España, mientras que el asesino de Ordóñez desde nada menos que el 9 de enero.

En sendos autos dictados este miércoles, el magistrado ha acordado que ambos permanezcan en segundo grado de tratamiento penitenciario. Además, en sus resoluciones propone al legislador que modifique el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las excarcelaciones anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial.

Desasosiego innecesario para las víctimas 

Para Castro, se trata de una disfunción que no beneficia a nadie: «A la interna se le crean falsas expectativas y a las víctimas desasosiego innecesario e incluso a la ciudadanía, que ante las noticias en los medios de comunicación le resultará extraño estas decisiones de excarcelación/encarcelación».

En el caso de Iparaguirre, el magistrado recuerda la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada: asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena de 30 años de prisión.

Indica que las fechas de cumplimiento de los 3/ 4 partes de la condena están relativamente próximas, en marzo de 2027, pero su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.

El magistrado analiza la naturaleza del artículo 100.2, una medida excepcional que aboca a un régimen de semilibertad y que exige una justificación individualizada de su pertinencia, como medida de flexibilización del grado. Por ello, su aplicación debe estar suficientemente justificada y debe motivarse su necesidad en el proceso de reinserción.

Se ha prescindido de la progresión ordinaria

También analiza los informes que obran en el expediente penitenciario de Anboto que acreditan una «positiva evaluación» de su actitud: «Ha asumido sus delitos, abona de forma fraccionada las responsabilidades civiles, ha repudiado la violencia y ha pedido perdón a las víctimas». Lo cierto es que las víctimas denuncian que no existe arrepentimiento alguno.

«¿Vas a pedir perdón?», preguntó recientemente a Anboto el periodista de OKDIARIO Cake Minuesa, en referencia a sus asesinatos. La etarra guardó silencio.

El magistrado advierte que la interna no ha disfrutado de ningún permiso concedido por el Juzgado, lo que impide valorar su evolución, tal y como contempla el sistema penitenciario español, a partir del principio de individualización y de progresividad.

Para Castro, aplicar el artículo 100.2 sin tener en cuenta permisos impide valorar la evolución de la penada, tal y como ha manifestado el fiscal en su informe, en lo que «con buen criterio denomina ‘ausencia de motivación reforzada’ y ‘valoración específica del impacto social y victimológico y la justificación expresa de por qué se prescinde de la progresión ordinaria’».

El magistrado argumenta que la aplicación del principio de flexibilidad «exige una fundamentación reforzada, en tanto que requiere un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado».

Para el juez, tampoco se explica por qué en la decisión administrativa «se ha prescindido de mecanismos jurídicos y tratamentales propios de la progresión ordinaria, al no constatar la trayectoria tratamental a través de mecanismos como la concesión y evaluación de la cadena permisiva, lo que permitiría obtener una conclusión real sobre la evolución penitenciaria de la interna, teniendo en cuenta el tiempo de cumplimiento de la condena y que la carta de arrepentimiento data de 26 de enero de 2026, esto es, inmediatamente anterior a la aplicación administrativa del artículo 100.2».

Decisión unilateral del centro directivo

En el caso de Carasatorre, que cumple una condena acumulada también de 30 años de prisión por delitos de asesinato, atentado y utilización ilegítima de vehículo, el juez de Vigilancia recuerda que la resolución del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco no viene acompañada de un plan de ejecución, tal y como exige el artículo 100.2.

Esta situación, según el magistrado, puede responder a que la Junta de Tratamiento de la cárcel no acordó, previa propuesta del Equipo Técnico, la aplicación del 100.2, sino que ha sido una decisión «que se ha adoptado unilateralmente por el Centro Directivo, sin propuesta o acuerdo previo de la Junta de Tratamiento».

La Junta de Tratamiento había propuesto por unanimidad aplicarle el segundo grado, basándose en que no había disfrutado de permisos y en el escaso tiempo de permanencia en el centro penitenciario.

Para justificar la propuesta unánime de segundo grado, la Junta se amparó en la gravedad de los hechos delictivos especialmente violentos, la pluralidad de víctimas, los tres o más ingresos en prisión, así como la ausencia de permisos que permitieran valorar su adaptación y ausencia de cualificación laboral.

El magistrado indica que Carasatorre cumplió la mitad de su condena en marzo de 2024 y que su licenciamiento definitivo será en marzo de 2034.Y considera que si el Centro Directivo consideraba ajustada a derecho la aplicación del artículo 100.2 ante la ausencia de acuerdo por la Junta de Tratamiento «debió instar a esta para que elaborase el mismo y sería a partir de ese momento cuando, según legislación vigente, el plan acordado sería ejecutivo».

«No se alcanza a entender»

 En el auto de Iparaguirre, el juez explica que la consecuencia de no aprobar la aplicación del art 100.2 es el regreso de los penados a prisión, «una ucronía inversa; sucede lo que no tenía que haber acontecido, la excarcelación anticipada».

Para el magistrado, se trata de una disfunción que no beneficia a nadie y no alcanza a entender la ejecutividad de la medida cuando se necesita la ulterior aprobación del Juez de Vigilancia.

«Estamos ante la reducción al absurdo, una suerte de cuadratura del círculo insostenible. Veamos: un plan de ejecución requiere un trabajo previo por parte de los miembros del Equipo Técnico, esto es cuanto menos: perfilación del interno, estudio de las variables clasificatorias, programación del contenido del plan de ejecución», argumenta.

A partir de esos extremos, la Junta de Tratamiento adopta un acuerdo que posteriormente debe ser aprobado por el Juez de vigilancia Penitenciaria.

«Es decir, el proceso requiere una planificación que por definición es organizar algo siguiendo un plan, valorando medios y fines. Posteriormente, se incoa el expediente judicial penitenciario, que conlleva una tramitación (petición de informes, comprobación por el Equipo Técnico del Juzgado de las actividades, traslado al Fiscal), por lo que no se alcanza a comprender la necesidad de su ejecutividad inmediata», expone el magistrados.

Y subraya que «el sentido común aconseja esperar, no sólo a la decisión judicial de instancia, sino a la resolución de la apelación, eso sí, con un procedimiento administrativo y judicial ágil y dando carácter urgente y preferente al recurso de apelación interpuesto».

Sustituyen funciones de las Juntas de Tratamiento

El juez razona, igualmente, que desde la perspectiva del legislador se requiere una reflexión serena de la que derive una posible reforma legislativa.

En este sentido, recuerda que en la aplicación del art 100.2 interviene el Equipo Técnico que propone, la junta de Tratamiento que adopta acuerdos y el Juez Penitenciario que aprueba el programa de ejecución.

Sin embargo, como señala en el auto de Carasatorre, es cada vez más frecuente la intervención de los centros directivos. Y subraya que «no resulta admisible, al amparo del texto del.100.2, que estos órganos administrativos sustituyan funciones competenciales propias de las Juntas de Tratamiento, ya que de ocurrir esta circunstancia cabría valorar la nulidad de las decisiones del órgano administrativo superior.”

El magistrado plantea la posibilidad de que el 100.2 fuera una fórmula clasificatoria intermedia, especialmente entre el segundo y tercer grado, que permita consolidad la evolución positiva del penado en un sentido similar a como son los permisos de salida.

Recuerda que en materia de tercer grado, el recurso del fiscal en delitos graves, con penas superiores a cinco años, suspende la ejecución de la resolución administrativa, por lo que un criterio similar debería adoptarse en materia del 100.2.

Ambas resoluciones todavía no son firmes, ya que contra las mismas cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.