Un juez restituye a una interventora a la que un alcalde podemita apartó por denunciar a sus ediles

Un juzgado de Madrid  ha ordenado al Ayuntamiento madrileño de Fresno de Torote a que respete las funciones de la secretaria e interventora municipal, a la que se había prohibido por un decreto actuar en cualquier procedimiento.

Este decreto, que le hizo a la interventora la «vida imposible», fue impuesto por el entonces -2018- alcalde de Podemos, Francisco Galera. La interventora había denunciado por acoso laboral a varios ediles, y el alcalde prohibió mediante ese decreto que actuase en cualquier procedimiento en el que participaran tanto él como esos concejales.

La sentencia anula ahora ese decreto, en el que se ordenaba a la interventora que “se abstenga de cualquier actuación profesional en cualquier procedimiento y trámite” en que tuvieran participación tanto él mismo como cuatro concejales, entre ellos la actual alcaldesa de la localidad, Ana Isabel Arias. Además de anular el decreto municipal, el juez señala en la sentencia que una vez que esta sea firme “se remitirá al ministerio fiscal por si hubiera indicios” de “delito de prevaricación administrativa”.

Con anterioridad al decreto, en febrero de 2018, el alcalde de Fresno de Torote ya había denunciado a la interventora ante la Comunidad de Madrid para que se le abriera un procedimiento disciplinario que fue finalmente archivado.

Previamente, en 2016, según recoge la sentencia, “ante la denuncia por acoso de la demandante”, el Ayuntamiento se había querellado contra ella por un por presunto delito de prevaricación administrativa, causa que fue también sobreseída.

El juez considera que “las denuncias formuladas” contra la interventora “hasta la fecha no han tenido el más mínimo fundamento” y se han producido “con el claro ánimo de denigrarla infructuosamente y hacerle la vida imposible en el Ayuntamiento”.

Según la sentencia, “la demandante, a lo largo de su vida profesional en el Ayuntamiento de Fresno de Torote, no ha tenido ningún problema con ningún equipo de Gobierno», solo con el integrado por los cuatro ediles denunciados por acoso laboral, y el exalcalde de Fresno. El juez no se pronuncia sobre si hubo acoso, ya que está aún pendiente la vista sobre el caso y no existe una resolución judicial.

Sin embargo, “prospere luego o no el delito de acoso”, el magistrado considera que “el problema con la demandante lo crean precisamente ellos”, en referencia al citado equipo de gobierno municipal.

El magistrado estima que “una recusación con carácter general de la demandante” como el que pretendía el decreto municipal “equivale a dejarla de brazos cruzados”, y su actuación en el Ayuntamiento «quedaría reducida a mera tramitación administrativa”