El juez pide a Anticorrupción que revise las penas por malversación de la trama del PP en ‘Púnica’

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acaba de dictar un auto en el que ordena a la Fiscalía Anticorrupción revisar las penas solicitadas en las piezas número cuatro, cinco, ocho y diez del caso Púnica, la trama de corrupción del PP madrileño. El instructor realiza esta petición después de que este jueves haya entrado en vigor en nuevo delito de malversación aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En la pieza número cuatro se investigan delitos de corrupción y blanqueo en el municipio madrileño de Valdemoro, de la que fue alcalde Francisco Granados y donde nació la trama. La número cinco trata acerca de contratos menores de los ayuntamientos de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle con empresas de la Púnica. En la ocho, la Fiscalía ha informado de que esta pieza sería «sobre hechos relativos a la etapa de Francisco Granados como consejero de la Comunidad de Madrid». Y en la pieza diez se investigan las adjudicaciones en Denia, Valencia, Madrid, Majadahonda, Valdemoro, Comunidad de Madrid y «terceros países» a empresas vinculadas a de Pedro y Alonso Conesa. Este caso  estalló a finales de octubre de 2014 con la detención del ex consejero madrileño Granados y casi una decena de alcaldes de municipios de la Comunidad.

Revisión de penas

García-Castellón ha acordado dar traslado a la Fiscalía del caso Púnica por si a la vista de la reforma del delito de malversación solicita el sobreseimiento para alguno de los encausados o en su caso proceda conforme a alguna de las posibilidades previstas en el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En un auto y cuatro providencias, el magistrado señala que si bien ya se ha dictado en los cinco procedimientos la apertura de juicio oral, «concurren circunstancias excepciones que nos llevan a considerar la posibilidad de revisar la calificación» del Ministerio Público y de las acusaciones. Y es que el pasado mes de diciembre el Gobierno aprobó la reforma del Código Penal con la que Pedro Sánchez suprime el delito de sedición y rebaja las penas para la malversación. Con esta reforma, la malversación se castigará ahora con entre uno y cuatro años de cárcel y entre dos y seis años de inhabilitación a «la autoridad o funcionario público que diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquella a la que estuviere destinado», siempre y cuando «resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviese consignado». En el caso de que no se aprecie ese daño, la única pena sería la inhabilitación de entre uno y tres años y una multa de tres a 12 meses.

Esta nueva norma, explica el juez en su auto, contempla la reforma del artículo 432 del Código Penal, modificando además de su contenido los límites penológicos. «Dada la posibilidad de que la nueva regulación pudiera afectar al delito de malversación del que se acusa a los encartados, se acuerda dar traslado de las actuaciones al Ministerio fiscal para que informe si, a la vista de las reformas introducidas por la LO 14/2022, de 22 de diciembre, mantiene la calificación», indica el auto.

La reforma del delito de malversación fue creada ad hoc por el Gobierno para beneficiar a los socios independentistas, sin embargo, Sánchez no barajó que también afectaría a otros grandes casos de corrupción en España entre los que se encuentra la operación Kitchen y la Púnica que afectan al PP. El juez García-Castellón también se ha dirigido al Ministerio Público y a las acusaciones personadas en el caso del «cártel del fuego» para que se pronuncien si mantienen su calificación en dicho procedimiento por las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica 14/2022 de 22 de diciembre.