El juez De la Mata imputa a dos nuevos empresarios en el ‘caso 3%’

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado a dos directivos del Grupo Ortiz, incluido su presidente, Juan Antonio Carpintero, en relación con la adjudicación presuntamente irregular de la ampliación de un colegio público en Sabadell (Barcelona), dentro del ‘caso 3%’.

En un auto, fechado el pasado 3 de agosto y al que ha tenido acceso Efe, el juez considera «pertinente, necesario y proporcionado» citar al presidente del grupo y al consejero y vicepresidente de Impulsa Grupo Ortiz, Emilio Carpintero, como investigados el próximo 12 de septiembre por varios delitos, entre ellos cohecho, malversación, tráfico de influencias y blanqueo.

De la Mata les cita en relación con el contrato de ampliación del colegio público La Trama, en Sabadell, que sospecha se adjudicó al grupo a cambio de donaciones encubiertas a Catdem y Forum Barcelona, fundaciones ligadas a CDC.

La UTE Impulsa Grupo Ortiz con Ortiz Construcciones y Proyecto se presentó al concurso, en el que partía del puesto vigésimo quinto y, sin embargo, terminó en primera posición al incrementar en 10 puntos la valoración técnica, una circunstancia que podría responder, según el juez, «al objetivo de provocar una adjudicación concreta».

Además, De la Mata identifica varias donaciones a Catdem y Forum Barcelona por parte de cuatro mercantiles participadas por Ortiz Construcciones y Proyectos, efectuadas poco antes a la adjudicación del concurso, siempre los mismos días.

Los ingresos realizados tienen lugar desde febrero a mayo de 2010 y ascienden a 90.000 euros en el caso de Asteisa Tratamiento de Aguas, Construcciones Icma Proakis y Elecor, mientras que Impulsa Grup Ortiz llegó a pagar 130.000 euros.

Esta última filial estuvo presidida desde 2012 a 2016 por Joan Maria Pujals, exconseller de Educación con Jordi Pujol  (antes fue apoderado), a quien el juez sitúa en «reiteradas» reuniones desde 2011 a 2013 con el extesorero de CDC y también investigado en la causa Andreu Viloca.

Según el auto, fue este exconseller quien atribuyó a Juan Antonio Carpintero y a Emilio Carpintero «la toma de decisiones» sobre las citadas donaciones y señaló que las habían tomado «de modo personal y exclusivo» y que él solo cumplió órdenes.

El pasado 27 de julio, De la Mata acordó ampliar la investigación a Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) y al PDeCAT (al considerarle un «mero continuador»), como personas jurídicas, por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En esta causa, el juez investiga una trama en la que altos cargos de CDC, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios, pusieron en marcha «una estructura para financiar ilegalmente el partido» mediante «donaciones» a fundaciones afines efectuadas por «múltiples mercantiles» a cambio de adjudicaciones públicas.

Para ello seguían un doble «modus operandi»: por un lado, ingresaban el dinero a través de diferentes empresas pertenecientes a un mismo holding y, por otro, pagaban al partido a través de las fundaciones.

En esta trama, el juez destaca la presencia de un «mediador» con «gran ascendencia» dentro del partido y «alta capacidad de influencia, que apadrina estas gestiones» para conseguir la financiación ilegal, y un tesorero que lleva las cuentas y recibe los pagos.