El juez cree que Zapatero no ha despejado «los indicios de criminalidad» tras casi 3 horas de declaración

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha concluido que la declaración del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, prestada este miércoles como investigado en el caso Plus Ultra, no ha logrado «desvirtuar los indicios racionales de criminalidad» expuestos en el auto de imputación.

Pese a ello, el magistrado ha decidido no imponer medidas cautelares, al considerar que no concurre un riesgo procesal que las justifique. Zapatero ha abandonado la Audiencia Nacional en libertad y con sus documentos de viaje en vigor.

En su auto, consultado por OKDIARIO, el juez explica que la adopción de una medida cautelar exige siempre «un juicio especialmente riguroso», pues supone una restricción anticipada de derechos fundamentales que solo puede justificarse si concurren indicios de criminalidad y un riesgo procesal acreditado. Calama concluye que la declaración del investigado no ha alterado ese cuadro indiciario.

Entre las pruebas que el magistrado considera relevantes figura el contenido de los dispositivos intervenidos en los distintos registros autorizados en la causa, la trazabilidad de transferencias entre las cuentas bancarias de Zapatero en relación con fondos procedentes de la ayuda pública a Plus Ultra, y la utilización de múltiples sociedades mercantiles «indiciariamente instrumentales» para canalizar esos pagos.

A esos elementos se añade el análisis preliminar del dispositivo cedido por las autoridades judiciales de Estados Unidos mediante cooperación jurídica internacional, que contiene mensajes en los que Martínez Sola escribió que el ex presidente «es pro Sánchez» y que «el fin justifica los medios», mientras que otro investigado, el ex directivo de Plus Ultra Rodolfo Reyes, se refirió a él como «nuestro pana Zapatero».

El magistrado señala también el hallazgo en la oficina del ex presidente, durante el registro practicado el 19 de mayo, de 103 piezas de joyería valoradas en más de 1.300.000 euros por la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español, «de las que, a día de hoy, no se ha acreditado su origen ni su correspondiente liquidación tributaria y aduanera».

Sobre este punto, Zapatero ha guardado un prudente mutismo, alegando que aguarda documentación que recibirá en un plazo de diez días. El juez Calama había rechazado previamente aplazar esa parte de la declaración, al considerar que no supondría «merma real en su derecho de defensa».

Pasaporte sin retirar

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado, al término del interrogatorio, la retirada del pasaporte ordinario y del diplomático, la comparecencia quincenal ante el juzgado y la prohibición de salida del territorio nacional, por riesgo de fuga por las relaciones internacionales del investigado.

La acusación popular unificada, liderada por el Partido Popular a través de su letrado Alberto Durán, se ha adherido a esas peticiones. De forma subsidiaria, Vox, HazteOir, Liberum e Iustitia Europa han reclamado la prisión provisional.

Sin embargo, el juez ha desestimado todas las peticiones. Calama ha considerado que Zapatero es una persona de «pública notoriedad», circunstancia que «dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento».

Su visibilidad pública y su arraigo en el territorio nacional, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente un riesgo de fuga real y actual. Tampoco aprecia el magistrado riesgo de destrucción de pruebas, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos.

Concluye así que imponer medidas cautelares «no resulta necesaria, al no existir un riesgo procesal que requiera ser conjurado», y que su adopción supondría una restricción «incompatible con el principio de proporcionalidad y con la prohibición de configurar las medidas cautelares como una pena anticipada».

El juez imputa a Zapatero en una supuesta red de tráfico de influencias con un «liderazgo no visible», con indicios de hasta siete delitos: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y delito contra la Hacienda Pública. La declaración no tendrá continuación este jueves.