El juez concluye el sumario de los 12 CDR investigados por terrorismo y les aboca al banquillo
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El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha concluido el sumario abierto a una docena de presuntos miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de terrorismo al haber planeado supuestamente acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña en 2019. El juez ya decretó prisión incondicional para siete de ellos ese mismo año, según adelantó OKDIARIO, al considerar que había indicios de su pertenencia a «una estructura jerarquizada que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas».
Tras practicar las diligencias ordenadas por la Sala de lo Penal, el magistrado ha declarado concluso el sumario de la causa, dejando así prácticamente en el banquillo a los procesados, acusados de un presunto delito de pertenencia a organización terrorista, para el que el Código Penal prevé una pena de 6 a 12 años de prisión.
En el auto, García Castellón constata que ya se han practicado todas las diligencias «que se han reputado necesarias y útiles para el esclarecimiento de los hechos», ocurridos en el año 2019.
La mayoría de los investigados fueron detenidos en septiembre de ese año en la conocida como Operación Judas por planear, presuntamente, acciones violentas de cara al aniversario del 1 de octubre, fecha en la que se celebró dos años antes el referéndum independentista catalán, declarado ilegal y a la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes soberanistas del «procés».
En septiembre de 2021, el juez acordó procesar a 13 de ellos por un delito de pertenencia a organización terrorista, al que sumó otro de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista para nueve de ellos, si bien en marzo de este año archivó la causa para uno de ellos, Guillerm Xavier Duch, por problemas de salud.
Uno de la CUP
Entre los trece procesados se encuentra la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sentmenat (Barcelona), Queralt Casoliva (CUP-Amunt).
Para el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6, los investigados se agrupaban en el autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula radical dentro de los CDR, y compartían principios ideológicos favorables a la independencia de Cataluña y al activismo radical, con el objetivo de conseguirla empleando la violencia en su máxima expresión.
García Castellón concluye en su auto que, cuando la supuesta célula fue desarticulada, algunos miembros ya habrían desarrollado actos preparatorios como reconocimiento de objetivo y toma de fotografías y vídeos de accesos, localización de torres eléctricas, agentes y matrículas de vehículos policiales.
Sobre los presuntos objetivos, el auto menciona la Comandancia Naval de Barcelona, Gobierno Militar de Barcelona, la Delegación de Gobierno de Barcelona, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona o el Parlament, entre otros.
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