El juez cita como testigos al socio de Begoña Gómez y a los cargos de Sánchez que le dieron el contrato
Juan Carlos Barrabés, el director de Red.es y otros altos cargos del Gobierno son llamados a testificar
Sánchez defiende a Begoña Gómez en el Congreso
El juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, ha llamado a declarar como testigos a Carlos Barrabés, socio de la mujer de Pedro Sánchez, y a los altos cargos del Gobierno del PSOE que le dieron un contrato público a la compañía de ese consultor. El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en el marco de las diligencias previas abiertas por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y de tráfico de influencias, ha tramitado estas citaciones para el próximo 6 de junio, a partir de las 11:15 horas. El día siguiente, 7 de junio, a las 9:30 horas, ha llamado a declarar también en calidad de testigo a Barrabés, el estrecho colaborador de Begoña Gómez y responsable de la empresa Innova Next SL.
Tal como informan fuentes jurídicas tendrán que acudir a los juzgados de Plaza Castilla, un día antes que Barrabés, David Mateo Cierco Jiménez de Parga, ex director general de la empresa pública Red.es; Alberto Martínez Lacambra, también ex director general de Red.es; Luis Prieto Cuerdo, director Economía Digital de Red.es; Ignacio Espejo Saavedra Hernández, subdirector de Asesoría Jurídica de Red.es; y Luis Antonio Martín Bernardos, presidente de la consultora Barrabés.biz.
El juez examina en concreto dos encargos de Red.es a Innova Next, propiedad de Carlos Berrabés, profesor de un máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía la mujer del presidente. En esas licitaciones Begoña Gómez firmó de su puño y letra varias cartas de recomendación. No obstante, el Gobierno asegura que no se tuvieron en cuenta esas declaraciones de interés. Añaden que la empresa ya había recibido decenas de contratos de otras administraciones de todo signo político a lo largo de los últimos años.
En las últimas horas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se agarra a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, del Ministerio del Interior, en el que aseguran que no hay indicios del delito de tráfico de influencias denunciado por la organización Manos Limpias el pasado abril. En el informe, que ha desvelado parcialmente El País, la UCO afirma que no aprecia que la esposa del jefe del Ejecutivo tuviera alguna influencia en el rescate de la aerolínea Air Europa ni tampoco en los concursos convocados por Red.es para distintos planes de formación en nuevas tecnologías.
En este sentido, la Guardia Civil remarca en su informe que tiene el juez del caso Begoña Gómez que «no se tiene constancia» de que el hecho de que la mujer del presidente coincidiera con Javier Hidalgo, uno de los directivos de Globalia (grupo propietario de Air Europa), «pudiera estar vinculado a la decisión ministerial del rescate a Air Europa».
El informe agrega que no se han encontrado vínculos entre las personas que firmaron las calificaciones de las distintas ofertas de los concursos de Red.es y Begoña Gómez. Además, la UCO sostiene que «no se han identificado indicios» de lo que afirmaba la querella de Manos Limpias al sostener que fue Barrabés quien «montó el Máster de Transformación Social Competitiva» de Begoña Gómez. Por último, el Instituto Armado remarca también que Gómez no ha recibido ninguna subvención pública, según recoge la web de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
En todo caso, el juez que acorrala a Begoña Gómez ha acordado este miércoles, precisamente el día en el que declara Pedro Sánchez sobre los negocios de su pareja en el Congreso, las citadas declaraciones. Toma esta decisión tras abrir las diligencias a petición de Manos Limpias con la oposición de la Fiscalía. El Ministerio Público, encabezado por Álvaro García Ortiz, en cuanto tuvo conocimiento de que se había abierto el caso, presentó un recurso ante la Audiencia de Madrid pidiendo que ordenase el archivo de la causa.
Manos Limpias acusa a Gómez de actuar «prevaliéndose de su estatus personal» como esposa del jefe del Ejecutivo: «Ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas». El sindicato basaba su denuncia en lo publicado por varios periódicos, así como lo conocido por tertulias televisivas.
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