El juez apercibe a Moncloa con un delito de desobediencia por no entregar información sobre Begoña Gómez

El magistrado Juan Carlos Peinado ha dirigido un nuevo oficio a la Presidencia del Gobierno en el que les advierte que podrían incurrir en un delito de desobediencia si no remiten la información solicitada sobre el caso que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. La providencia, fechada este miércoles, reitera un requerimiento previo del 4 de noviembre que, según consta en la resolución judicial, no ha obtenido respuesta.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha intensificado así su presión sobre el Ejecutivo. Ha exigido que Moncloa informe sobre todos los antecedentes relacionados con el nombramiento de asistentes al cónyuge del presidente del Gobierno.

El auto judicial detalla con minuciosidad los datos que debe aportar la Presidencia. Entre ellos figuran la delimitación de los puestos ocupados, las funciones que llevaban a cabo y el número de asistentes nombrados de forma simultánea a cada cónyuge.

La resolución exige la entrega de los datos salariales actualizados de Cristina Álvarez, investigada en la causa junto a Begoña Gómez. El juez ha solicitado «en soporte oficial y completo, la certificación retributiva íntegra» correspondiente a todo el ejercicio 2025.

También ha requerido los documentos acreditativos de su situación administrativa. Estos incluyen nóminas mensuales, complementos, costes sociales y cualquier variación de su relación de servicios hasta la fecha en que se produzca la efectiva baja o cese.

El magistrado ha dirigido su requerimiento con una precisión casi quirúrgica. Ha solicitado las agendas de las dos investigadas, Begoña Gómez y Cristina Álvarez.

El objetivo de este análisis sería determinar si las citas, reuniones, traslados y viajes realizados por ambas a la vez, o solo por Álvarez, estaban relacionados con actividades personales o profesionales de la esposa de Pedro Sánchez. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil será la encargada de examinar estas agendas.

Viajes con fondos públicos

El juez ha exigido información «de forma íntegra y debidamente documentada y detallada» sobre todos los viajes de Cristina Álvarez Rodríguez sufragados con fondos públicos. Este requerimiento abarca el periodo comprendido desde su contratación, el 16 de julio de 2018, hasta la fecha actual.

La documentación solicitada incluye órdenes de comisión de servicio, autorizaciones de desplazamiento, facturas y liquidaciones o justificantes de pago. También debe constar la identificación de los destinos de todos los viajes, desplazamientos y misiones de servicio.

El auto menciona además el pago de dietas, gastos de representación, suplidos y anticipos como comidas y transportes. Asimismo, solicita información sobre el uso de medios públicos, como coche oficial o servicio de chófer, y datos de posibles personas dependientes jerárquicamente de Cristina Álvarez.

El procedimiento judicial se tramita por la vía de tribunal del jurado. Los delitos investigados son corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, malversación, intrusismo y apropiación indebida.

La causa cuenta con la personación de varias acusaciones populares. Entre ellas figuran la HazteOir, Iustitia Europa, el Movimiento de Regeneración Política de España y el partido político Vox. También está personada la Universidad Complutense de Madrid.

Entre los investigados figura además el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y Juan Carlos Barrabés. Este último empresario ha comparecido ya en varias ocasiones ante el juez Peinado en calidad de investigado.

La providencia ha ordenado dar copia digital de las grabaciones prestadas el pasado 16 de noviembre de 2025 a la UCO. Estas grabaciones serán tenidas en cuenta en la elaboración de los informes que se encuentran pendientes de remitir al Juzgado.

El magistrado ha advertido expresamente que la Presidencia del Gobierno debe remitir la información solicitada o «alegar las causas que imposibilitan su remisión». De lo contrario, según reza textualmente el auto, «se podría incurrir en un delito de desobediencia».

Esta no es la primera vez que el juez Peinado requiere información a Moncloa en el marco de esta investigación. El oficio del 4 de noviembre de 2025 ya contenía parte de estas peticiones, pero según consta en la nueva providencia, a día 26 de noviembre no habían sido atendidas.

El caso se encuentra en fase de instrucción y el juez continúa recabando documentación para esclarecer los hechos investigados. La posible imputación por desobediencia a la Presidencia del Gobierno añade un nuevo capítulo a esta causa que ha generado notable revuelo político.

La resolución judicial permite recurso de reforma en el plazo de tres días, que deberá interponerse por escrito ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

El desarrollo de esta investigación judicial promete nuevos episodios en los próximos días, especialmente si la Presidencia del Gobierno mantiene su silencio o, por el contrario, decide atender finalmente los requerimientos judiciales. La espada de Damocles de la desobediencia pende ahora sobre Moncloa, convirtiendo este caso en un pulso institucional de difícil pronóstico.