Los inmigrantes ilegales acusados de delitos también serán regularizados y no serán expulsados con condenas «leves»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 28/01/2026 05:44
  • Actualizado: 28/01/2026 05:44

La regularización masiva pactada por el Gobierno con Podemos vía real decreto –es decir, saltándose al Congreso– tiene varias consecuencias significativas. Por un lado, al situar uno de los criterios en la ausencia de antecedentes penales «relevantes», se permitirá regularizar a inmigrantes que estén aún inmersos en procesos judiciales de distinta índole, pendientes de resolver. Por otro lado, no serán expulsados salvo en caso de cometer delitos cuya pena de cárcel sea superior a un año, según regula el Código Penal.

La ausencia de antecedentes penales «relevantes», cuyo alcance no ha detallado aún el Ejecutivo, es uno de los puntos que preocupan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde el sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, avisan que «en la práctica, una persona que haya sido detenida recientemente por hechos graves puede no contar todavía con antecedentes, debido a los plazos judiciales y a que muchos procedimientos tardan meses, e incluso años, en resolverse».

«La ausencia de antecedentes en un momento determinado no equivale necesariamente a la inexistencia de conductas delictivas previas o en investigación», alertan. Esto obliga a «extremar las comprobaciones, cruzar información con bases de datos policiales nacionales e internacionales y realizar verificaciones adicionales que consumen tiempo y recursos. Si no se refuerzan de forma inmediata las plantillas y los medios tecnológicos, el riesgo es que estas comprobaciones se vean limitadas por pura falta de capacidad material».

Antecedentes «relevantes»

Por otro lado, el hecho de definir los antecedentes que son o no «relevantes» genera inseguridad jurídica, porque la consideración queda en manos del Gobierno. Los agentes encargados de aplicar la norma pueden verse expuestos a cambios constantes de instrucciones, dudas en la tramitación y un incremento de recursos y litigios, «lo que complica aún más una gestión ya de por sí masiva y delicada».

El acuerdo entre PSOE y Podemos fue avanzado este lunes por la eurodiputada de la formación morada, Irene Montero, y se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros.

La medida afecta a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y, en sus cálculos, puede suponer la regularización de más de medio millón de personas. Los beneficiarios tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, algo para lo que simplemente será necesario aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales u otros como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

El procedimiento permite que los inmigrantes ilegales tengan derechos desde el mismo momento de la presentación de la solicitud, pues ya entonces quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesarán sobre la persona. Cuando se admita a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Cabe recordar, además, que el Ejecutivo aprobó el año pasado la reforma del Reglamento de Extranjería, que entró en vigor el 20 de mayo, y que amplía las vías para acceder a la regularización.

Un 700% más de irregulares

Un informe publicado este lunes por Funcas –Fundación de las Cajas de Ahorros– estima que el número de inmigrantes en situación irregular en España ha aumentado un 685% en los últimos ocho años, pasando de 107.000 personas en 2017 a 840.000 en 2025. Por nacionalidades, la mayoría son colombianos (290.000), peruanos (110.000) y hondureños (90.000). En cuanto a los inmigrantes procedentes de África, contabiliza a unas 50.000 personas; de Asia, unas 15.000; y de Europa, 14.000.

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, durante el período comprendido entre el 20 de mayo -entrada en vigor de la flexibilización del arraigo- y el 31 de octubre del año pasado, 95.000 personas vieron regularizada su situación por alguna de las vías de arraigo.

Reunificación familiar

Aunque los cálculos de PSOE y Podemos cifren la regularización en medio millón de inmigrantes, en la práctica serían más, pues se abre la puerta a la reunificación familiar.

Tanto desde el Partido Popular como desde Vox han criticado la medida que no pasará por el Congreso.

«Hasta 46 muertos. Cientos de heridos. Ninguna dimisión. Y la primera respuesta de Sánchez es una regularización masiva para desviar la atención, aumentar el efecto llamada y desbordar nuestros servicios públicos», ha aseverado Alberto Núñez Feijóo. Desde el PP denuncian que el real decreto se apruebe «sin garantías» ni «control».

«¡500.000 ilegales! El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo. Por eso pretende promover el efecto llamada por decreto, para acelerar la invasión», ha destacado, por su parte, Santiago Abascal, apostando por «repatriaciones, deportaciones y remigración».

Xavier Albiol, alcalde de Badalona –una localidad que registra altas tasas de inmigración irregular–, ha denunciado también que el acuerdo entre PSOE y Podemos es «una barbaridad».

«¿Sabéis que un inmigrante irregular que lleve un año en España, si es detenido, por ejemplo, 10 veces por robar en el metro y está pendiente de juicio, será premiado hoy con la residencia por el Gobierno de Sánchez? No es política migratoria: es rendición y caos. Delinquir sale gratis. Escándalo e irresponsabilidad total», ha espetado en las redes.