El imputado de Sánchez por más contratos Covid irregulares ha sido alto cargo con 8 ministros del PSOE
Los 3 altos cargos de Sánchez imputados por malversar 310 millones covid se arriesgan a 14 años de cárcel
Sánchez colocó a una de las imputadas por los contratos covid en una plaza de funcionaria sin serlo
La jefa de contratación del Gobierno imputada por malversar contratos covid cobraba 100.000 € al año
Alfonso Jiménez Palacios, ex director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), y uno de los imputados por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos covid, ocupó puestos de responsabilidad en el Gobierno con hasta ocho ministros del PSOE.
Jiménez Palacios es uno de los tres altos cargos del Ejecutivo socialista que tuvieron que declarar a principios de abril en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid acusados de prevaricación, malversación y fraude por la adjudicación de 310 de millones de euros destinados a la compra de material sanitario durante la primera ola de la pandemia.
El ex director del INGESA es, además, el que más contratos fallidos acumula entre los investigados. Médico de formación, a Alfonso Jiménez el estallido de la pandemia le sorprendió precisamente dirigiendo la entidad sobre la que el Ministerio de Sanidad delegó la política de adquisición urgente de material de protección frente al coronavirus.
Sin embargo, antes de protagonizar algunas de las irregularidades que forzaron al Ministerio de Hacienda a intervenir en la compra de estos bienes, este alto cargo del Gobierno ya había ocupado otros puestos de responsabilidad con hasta 8 ministros socialistas. El primero de ellos de la mano de Elena Salgado, quien en el año 2004, recién estrenada la primera de las legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, le nombró director general de Cohesión del Sistema Nacional de Salud.
De este puesto cesó en abril de 2008 para, un año después, ser elegido director general de Farmacia y Productos Sanitarios en el Ministerio de Sanidad de Bernat Soria, cargo que mantuvo con las ministras del ramo Trinidad Jiménez y Leire Pajín. Esta última, en octubre de 2011, durante los últimos compases del Gobierno socialista, le nombró secretario general de Sanidad y Política Social. Dos meses después, con la llegada del Partido Popular a la Moncloa, fue destituido.
Pero su suerte cambió de nuevo en julio de 2018, tras la moción de censura a Mariano Rajoy que entregó la Presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez. Entonces, con Carmen Montón liderando el Ministerio de Sanidad, Alfonso Jiménez fue elegido director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, donde permaneció bajo la gestión de María Luisa Carcedo, Salvador Illa y Carolina Darias. Finalmente, en marzo de 2021 abandonó su puesto después de protagonizar decenas de polémicas por la adjudicación de contratos covid.
Irregularidades
Y es que el ex director del INGESA es el que más irregularidades acumula entre los investigados por los contratos covid del Gobierno. Su firma avaló, por ejemplo, la compra en China de 3 millones de batas EPI con un sobrecoste de 47 millones de euros, o lo que es lo mismo, por un precio más de 4.000 veces superior a las adquiridas en España.
Además, la rúbrica de Alfonso Jiménez también aparece en la compra de 100 millones de pares de guantes por los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pagó a una empresa asiática 8.711.554,44 euros cuando dentro de nuestras fronteras el mismo producto era un 177% más barato.
Pero existen todavía más irregularidades. El INGESA también intentó in extremis que la empresa Member of the Tribe le entregase 52 millones de guantes de nitrilo con un sobrecoste del 500% por los que había adelantado más de un millón de euros de dinero público. Tal y como publicó OKDIARIO, el organismo dirigido por Jiménez Palacios se vio obligado a ampliar el plazo de entrega después de que la empresa incumpliera el periodo inicialmente pactado. No obstante, la prórroga resultó en vano porque los guantes nunca se recibieron. El dinero tampoco se recuperó.
Y la lista continúa. En total, decenas de operaciones con sobreprecios adjudicadas a proveedores «sin solvencia técnica ni profesional» en el sector sanitario, de los que, además, en la mayoría de ocasiones ni siquiera «consta su identidad fiscal, ni establecimiento alguno en España», tal y como figura en la querella por la que Alfonso Jiménez Palacios está imputado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude.
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