Igualdad admite problemas para localizar a 886 maltratadores por «haberse desprendido de la pulsera»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 23/09/2026 14:46
  • Actualizado: 23/09/2026 14:50

El Gobierno admite que no pudo sustituir 886 dispositivos telemáticos de control de agresores de violencia de género y sexual porque los inculpados no estaban «localizados». Así se recoge en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las conocidas como pulseras antimaltrato.

El documento advierte de numerosas irregularidades en la «contratación y seguimiento» del sistema telemático de medidas de alejamiento en los contratos de 2018, 2021 y 2023. OKDIARIO destapó que las incidencias en las pulseras telemáticas de maltratadores habían provocado numerosas absoluciones.

En el documento, el Tribunal de Cuentas avisa que «en fecha 16 de mayo de 2024, existían 886 parejas de dispositivos sin migrar del sistema anterior al de la nueva adjudicataria (el 18,5 % del total de 4.775, a esa fecha) y que debían ser sustituidos».

En el trámite de alegaciones, el Ministerio de Igualdad reconoce que estos dispositivos permanecían sin migrar por corresponder a casos previamente clasificados como «llamada perdida/no localizados». Es decir, precisa el órgano fiscalizador, los agresores «… no se hallaban a disposición de la justicia por voluntad propia en el momento de la entrada en vigor del contrato, porque habían manipulado el dispositivo para dejarlo inutilizado o bien se habían desprendido del mismo y por tanto el sistema policial/judicial tenía que localizarles o estaba intentando localizarles».

Igualdad defiende que estos casos cuentan con un protocolo de actuación «plenamente activado y reglado, que garantiza la protección de las víctimas». Así, por ejemplo, destaca que «transcurridas 24 horas sin localización de la persona investigada, se da traslado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que activan los correspondientes mecanismos de búsqueda» y «se efectúan recordatorios periódicos (mensuales y, posteriormente, cada 4-6 meses a través de VioGén), intensificándose estas actuaciones en periodos críticos».

«En consecuencia, no puede inferirse una desprotección de las víctimas derivada del proceso de transición, ya que la situación descrita de los 886 casos de usuarios no localizados venía del período anterior, por tanto es previa a la transición, y ha sido gestionada conforme a los protocolos operativos plenamente activos y por tanto, estos casos no son, en modo alguno fallo en el funcionamiento del servicio, sino al contrario, una muestra del perfil de usuarios a los que da servicio este sistema que, en ocasiones con esta, se niegan a colaborar con la justicia”, concluye el ministerio que dirige Ana Redondo.

Los contratos fiscalizados por el Tribunal de Cuentas alcanzaron un importe total de 102,6 millones de euros, de los cuales 42,6 millones correspondían al contrato de 2023 financiado, en parte, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El informe señala que en los contratos de 2018 y 2021 no se previó un Plan de Transición para garantizar la continuidad de la prestación del servicio sin interrupciones, imprescindible, además, en caso de que se produzca un cambio de adjudicatario. El contrato de 2023 tampoco lo preveía inicialmente por lo que hubo de procederse a la oportuna modificación contractual aprobada en julio de 2023.

La ausencia de dicho Plan y el cambio de adjudicatario produjeron deficiencias que afectaron a la prestación del servicio; en concreto, se presentaron problemas de acceso a la información histórica proporcionada por la anterior adjudicataria que impidieron dar respuesta a 123 requerimientos judiciales pendientes. Esta situación se mantuvo hasta octubre de 2024 momento en que, coincidiendo con un requerimiento de la Fiscalía, el Ministerio de Igualdad pone en marcha actuaciones para coordinar o arbitrar su solución.