El hermano de Granados se desvincula de las adjudicaciones investigadas en Púnica

Alfonso Granados, hermano del ex consejero popular Francisco Granados, ha declarado este martes en calidad de imputado ante el juez de apoyo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, en relación con la pieza separada 9 del ‘caso Púnica’ donde se investiga la financiación irregular del PP de la Comunidad de Madrid. En su declaración, el hermano del consejero popular se ha desvinculados de los contratos adjudicados al empresario investigado Daniel Horacio Mercado.

El auto de imputación emitido por el juez de instrucción Manuel García-Castellón a principios de agosto sitúa a Alfonso Granados como responsable de la mesa de contratación de la empresa pública Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente (Gedesma), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. Esta entidad adjudicó un contrato a la empresa investigada en la ‘trama Púnica’ Over Marketing del empresario argentino Daniel Horacio Mercado. Según el escrito esta adjudicación provocó «un quebranto a los fondos públicos que ascendió a 923.736,3 euros».

Como responsable de dicho contrato señalan al gerente de Gedesma Carlos Rivero que firmó el contrato, a Esperanza Carvajal que realizó la valoración de las ofertas y rubricó el documento de la necesidad de la contratación y a Alfonso Granados que presidió la mesa de contrataciones.

Fuentes próximas a los investigados cuentan a OKDIARIO que el hermano de Francisco Granados ha asegurado que él «no firmó nada, no adjudicaba y no era apoderado de nada». En su intervención ante el juez ha añadido que «se limitaba a leer en alto la oferta de contratación», función que le corresponde como presidente de la mesa de contrataciones.

Las mismas fuentes afirman a este periódico que Alfonso Granados ha sido imputado en Púnica por «tener los mismos apellidos que Francisco Granados» principal investigado en la trama de corrupción.

En el marco de esta pieza separada han sido citado otros veintisietes altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre –incluida la ex presidenta– que deberán acudir a declarar en las próximas semanas.