Hacienda investigará los ingresos de los abogados del turno de oficio durante los últimos 4 años

Una vez se ha conocido que el Ministerio de Justicia del Gobierno socialcomunista de Sánchez queda vacante, el dardo envenenado de Dolores Delgado a su sucesor al frente de la cartera es la polémica de la justicia gratuita. A la decisión de suspender el pago de los honorarios a los abogados de turno de oficio designados por mandato judicial se suma, además, que Hacienda investigará los ingresos de los letrados asignados a dichas funciones, durante los últimos cuatro años.

La medida llega como consecuencia de la resolución adoptada por el Ministerio de Justicia, durante la etapa en funciones de la ya ex titular Dolores Delgado, por la que se decidía no atender los honorarios de los letrados en prestación del derecho de Justicia gratuita, constitucionalmente reconocido, que no hubiesen sido administrativamente autorizados, aunque los haya pedido un juez.

Ahora, además, todos los profesionales que durante los últimos cuatro ejercicios fiscales hayan percibido ingresos como miembros del turno de oficio tendrán que justificar que dichos pagos fueron conformes a servicios de asistencia jurídica para personas sin recursos a quienes se le hubiesen concedido de manera oficial. De lo contrario podrían enfrentarse a la obligación de devolverlos. Para lo que los colegios profesionales, en pie de guerra contra esta cuestión, están barajando la posibilidad de consignar un fondo dinerario común con el que hacer frente a futuras y eventuales reclamaciones.

El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) anunciaba su intención de llevar ante los tribunales la decisión de Delgado. Así lo manifestaba la Junta de Gobierno de los profesionales madrileños en un comunicado hecho público a principios del pasado diciembre, en el que advirtió de que adoptaría las medidas necesarias para que el organismo que entonces dirigía, en funciones, Dolores Delgado, retirase la resolución por la que no atendería los costes de la Justicia gratuita prestados por requerimiento judicial.

El ICAM mostró «su más absoluto rechazo con la decisión que ha adoptado el Ministerio de Justicia, al indicar que únicamente asumirá el pago de aquellas actuaciones letradas que se hayan realizado bajo el amparo del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita» y declaraba la guerra a Delgado. «En ningún caso vamos a permitir que las actuaciones profesionales realizadas en cumplimiento de un mandato judicial para garantizar el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva dejen de ser compensadas», añadían.

Por su parte, la Asociación de Letrados del Turno de Oficio (ALTODO) ya ha interpuesto una demanda contra la decisión, ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que está a la espera de ser admitida a trámite. En paralelo, ha convocado una manifestación, el día 17 de enero, ante la sede del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en Madrid, coincidiendo con las elecciones a la Presidencia de la institución.

Elecciones anticipadas

La actual presidenta del CGAE, Victoria Ortega, comunicaba la semana pasada la celebración de elecciones anticipadas -su mandato expiraba en 2021- como consecuencia de las críticas recibidas por la «inacción» del órgano ante la polémica del turno de oficio.

Pese a ello, la propia Ortega confirmaba su intención de reeditar mandato en el caso de recibir el respaldo mayoritario de los decanos de los 83 colegios de abogados españoles, frente a las ocho candidaturas competidoras. El Pleno que tendrá lugar el próximo viernes en la sede del Consejo, en la madrileña calle de Recoletos, promete ser movido.