El Gobierno va ahora a por la fundación de Serrano Suñer en plena batalla contra la de Franco

Sumar, la formación de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que forma parte del Gobierno de Pedro Sánchez, ha instado al propio Ejecutivo a ilegalizar la Fundación Privada Don Ramón Serrano Suñer. Todo ello «en el marco del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco», cuya celebración se está sufragando a través de gasto público con varios actos cada mes desde principios de este año.

El partido magenta, fundado por la también titular de Trabajo, ha registrado una pregunta parlamentaria con el objeto de conocer las «previsiones acerca de la ilegalización de la Fundación privada Don Ramón Serrano Suñer», ex ministro de Exteriores de la dictadura entre octubre de 1940 y septiembre de 1942. La cuestión parlamentaria la firma el diputado Alberto Ibáñez.

La petición de Sumar llega en medio de los fastos por los 50 años de la muerte de Franco. Además de pedir la ilegalización, el partido de la ministra de Trabajo exige al Gobierno conocer «todas las auditorías obligatorias por la normativa de fundaciones».

A su vez, el partido magenta también cuestiona si la Fundación privada Don Ramón Serrano Suñer «sirve como herramienta de evasión fiscal para que la familia Serrano-Polo pague menos impuestos» de lo que define como «dudoso patrimonio familiar».

Esta fundación se constituyó hace ahora 30 años, en 1995, y se inscribió dos años después. La creó el propio Serrano Suñer. Y tal como recoge el registro, su actividad es «la divulgación pública, la conservación, custodia, guarda, mantenimiento y protección de los bienes y la biblioteca personal del fundador».

Sumar plantea la eliminación de la Fundación Serrano Suñer, a pesar de que, en su momento, el PSOE ya admitió que no se pueden ilegalizar este tipo de entidades, como ya sucedió con la de Franco.

Tanto es así que, para cerrar la fundación dedicada a la figura del dictador, el Gobierno prepara otro plan para, en lugar de ilegalizarla, lograr su «extinción»  desde el Protectorado de Fundaciones, que depende del Ministerio de Cultura. Y es que, tal y como constató el Ejecutivo, iría en contra del derecho de asociación, blindado en la Constitución española.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, declaró que la Fundación Francisco Franco está en sus «últimos días», aunque reconoció que el Gobierno no pretende ilegalizarla, sino «extinguirla».

Debate sobre la Fundación Franco

En marzo, la Fundación Francisco Franco volvió al debate público. Entonces, Torres aseguró en el Congreso de los Diputados que la cartera de Cultura, tal y como establece la normativa, requirió a la Secretaría de Memoria Democrática un informe sobre el posible incumplimiento de la normativa por parte de la Fundación Francisco Franco.

Según indicó, este primer informe ya ha sido finalizado, y posteriormente la Abogacía del Estado elaboró otro documento «extensivo», que recopila testimonios y aspectos jurídicos clave para fundamentar la solicitud de extinción de la fundación ante la Justicia, anticipándose a posibles objeciones que esta pudiera plantear.

El Gobierno preveía remitir este último informe al Ministerio de Cultura «lo antes posible», con el objetivo de presentar la solicitud judicial de disolución en el transcurso del presente año. Sin embargo, Torres subrayó que la decisión final corresponderá a los tribunales. El Ejecutivo fundamentaba su actuación en la Ley de Memoria Democrática, que permite solicitar la disolución de una fundación cuando ésta sea contraria al interés general, contemplando como motivo suficiente la apología del franquismo.