Palo de Yolanda Díaz: multas de tráfico basadas en la renta con recargos de hasta el 500%

El debate sobre la equidad en las sanciones económicas vuelve a estar en el foco de la política española. Recientemente, Sumar, el partido liderado por Yolanda Díaz, ha presentado una propuesta legislativa que busca modificar el sistema de multas de tráfico en España. Actualmente, las sanciones tienen una cuantía fija según la infracción cometida, sin considerar la capacidad económica del infractor. Sin embargo, con la nueva propuesta, las multas pasarían a ser progresivas, ajustándose a los ingresos de cada conductor.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2023 se impusieron más de cinco millones de sanciones en las carreteras españolas, lo que generó una recaudación de más de 500 millones de euros. La propuesta de Sumar plantea que los conductores con rentas superiores a los 70.000 euros anuales verían incrementadas sus multas, mientras que aquellos con ingresos más bajos pagarían menos. De esta manera, se establecería un esquema de sanciones ajustadas según los tramos de renta.

Nuevo sistema de sanciones progresivas

Actualmente, las infracciones se dividen en tres categorías leves (hasta 100 euros), graves (hasta 200 euros) y muy graves (500 euros y posibles pérdidas de puntos en el carnet de conducir). Con la reforma propuesta, las sanciones variarían en función de los ingresos del infractor. Para quienes tengan una renta entre 70.000 y 85.000 euros, las multas aumentarían un 150%. Es decir, una infracción leve pasaría de 100 a 250 euros.

Para conductores con ingresos entre 85.000 y 100.000 euros, el recargo sería del 300%, elevando las sanciones leves hasta los 400 euros. En el caso de aquellos con una renta superior a 100.000 euros anuales, el incremento alcanzaría el 500%, lo que supondría que una multa de 100 euros se transformaría en una sanción de 600 euros.

Por otro lado, se contemplan reducciones para las personas con menores ingresos. Aquellos que ganen hasta 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pagarían un 30% menos. En este contexto una multa leve de 100 euros se reduciría a 70 euros. Para quienes tengan ingresos de entre 1,5 y 2,5 veces el SMI, la reducción sería del 15%, por lo que la misma multa se quedaría en 85 euros.

Las sanciones por consumo de alcohol o drogas actualmente pueden acarrear multas de hasta 1.000 euros y la pérdida de seis puntos del carnet de conducir. Sin embargo, con el nuevo sistema, quienes tengan una renta entre 70.000 y 85.000 euros verían incrementada la sanción en un 150%, alcanzando los 2.500 euros. Para aquellos con ingresos entre 85.000 y 100.000 euros, la multa aumentaría un 300%, llegando a 4.000 euros.

En el caso de conductores con rentas superiores a 100.000 euros, el recargo sería del 500%, elevando la sanción hasta los 6.000 euros. Por otro lado, los conductores con ingresos más bajos tendrían reducciones: quienes ganen hasta 1,5 veces el SMI pagarían un 30% menos, bajando la sanción a 700 euros, mientras que aquellos con ingresos entre 1,5 y 2,5 veces el SMI tendrían una reducción del 15%, dejando la multa en 850 euros.

Críticas y controversias

A pesar de las posibles ventajas de este sistema, la propuesta ha generado un gran debate. Los críticos argumentan que se trata de una medida discriminatoria y que penaliza a quienes tienen mayores ingresos. Además, algunos sectores consideran que el objetivo principal de las multas de tráfico debería ser educativo y disuasorio, más que un mecanismo de recaudación progresiva.

También se plantean dudas sobre la viabilidad de implementar este modelo en España. Para que las multas se ajusten a la renta de cada infractor, sería necesario acceder a datos fiscales de los ciudadanos en tiempo real, lo que podría generar problemas legales y de privacidad. Además, los detractores advierten que un sistema de este tipo podría incentivar fraudes o estrategias para ocultar ingresos con el fin de evitar multas elevadas.

Sin embargo, algunos expertos en movilidad creen que la recaudación generada por este nuevo sistema podría destinarse a mejorar la seguridad vial, la educación sobre conducción responsable y la infraestructura de las carreteras. De esta manera, el dinero obtenido de las multas cumpliría una función social más allá de ser un simple ingreso para el Estado.

¿Será aprobará esta reforma?

Esta iniciativa no es una novedad en el ámbito internacional. Varios países europeos ya aplican un sistema de multas basado en la renta del infractor. En Finlandia, Suecia, Dinamarca, Suiza y Reino Unido, las sanciones económicas por infracciones de tráfico se calculan en función de los ingresos anuales de los conductores. En algunos casos, las multas han llegado a cifras astronómicas. Por ejemplo, en Finlandia, un empresario recibió una sanción de más de 100.000 euros por exceso de velocidad, ya que sus ingresos anuales eran millonarios.

Por el momento, la propuesta de Sumar está en fase de debate en el Congreso y aún no se ha determinado si se aprobará finalmente. La medida cuenta con el respaldo de algunos sectores políticos, pero también enfrenta una fuerte oposición. Mientras tanto, la discusión sobre la equidad en las sanciones de tráfico sigue abierta, y el futuro de esta iniciativa dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse en el Parlamento. La cuestión ahora es si esta propuesta logrará convertirse en ley o si quedará como un experimento legislativo sin materializarse.