Sánchez acelera el fin de la sedición al tumbar con golpistas y filoetarras las enmiendas en el Congreso

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 01/12/2022 15:42
  • Actualizado: 01/12/2022 16:16

La supresión del delito de sedición sigue su camino parlamentario exprés tras superar este jueves las cinco enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos. El Gobierno ha maniobrado para acortar al máximo los plazos y poder tener aprobada antes de finales de año su nueva rendición al separatismo.

Al texto se han presentado cinco enmiendas: el PP ha pedido que se tipifiquen como delito los referendos ilegales, mientras Vox y Ciudadanos han reclamado que se agraven las penas por las condenas que se aplicaron a los líderes del procés. La iniciativa del Gobierno también ha recibido la enmienda de los independentistas de Junts y la CUP, que pedían anular las sentencias a los impulsores del referéndum de 2017 y derogar el delito de desórdenes públicos, respectivamente.

Sin sorpresas, Sánchez ha podido sacar adelante su propuesta apoyándose en sus socios habituales. El texto proseguirá ahora su andadura en el Congreso y el Senado para que pueda estar en vigor lo antes posible. La previsión es que el plazo de presentación de enmiendas parciales, donde se verá si algún grupo pide añadir la modificación del delito de malversación, acabe el día 9 de diciembre. Con esta reforma, se elimina el delito de sedición y se recoge uno nuevo de «desórdenes públicos agravados», que implica una rebaja de pena sustancial, de 15 a cinco años.

Maniobra

El Ejecutivo ha maniobrado para acortar al máximo los plazos parlamentarios, dando apenas un par de días para la presentación de las enmiendas a la totalidad con texto alternativo, en lugar de los 15 días de una ley ordinaria o los siete de una ley con el procedimiento de urgencia. Posteriormente, se fijó el debate para este mismo jueves, al finalizar la sesión plenaria. Desde la oposición ya criticaron la «nocturnidad y alevosía» con que se aprobó la toma en consideración de la propuesta, la semana pasada, ya que la votación concluyó pasada la una de la madrugada.

«Toca derogar el delito de sedición para que los independentistas condenados por el Supremo vuelvan a delinquir, ahora sin pena», ha criticado este jueves Alberto Núñez Feijóo en el I Foro Económico OKLÍDERES, que se celebra este 1 y 2 de diciembre en el Hotel Westin Palace de Madrid, un cónclave donde autoridades, expertos y máximos representantes de las principales empresas españolas abordarán los retos económicos actuales y la estrategia económica global para superar la crisis.

Preguntado sobre si cree que el Ejecutivo acabará reformando el delito de malversación para beneficiar a los golpistas catalanes y al ex presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán, Feijóo ha considerado que «el Gobierno hará lo que más le interese para acabar la legislatura».

«No hay ningún límite ético ni moral, hemos visto que nos han mentido, que las promesas electorales eran falsas. No merecemos a un Gobierno que nos mienta», ha aseverado.

El diputado del PP, Carlos Rojas, encargado de defender la enmienda de su partido, ha destacado que «el Gobierno crea la sensación de que la ley no es igual para todos». «Esto es una enmienda a la totalidad de ustedes a una sentencia del Tribunal Supremo y eso es inaceptable en un Estado de Derecho», ha reprochado. «Los delincuentes que desafían a España no pueden ser socios de nadie, se tienen que quedar solos, con su cobardía y cumpliendo sus penas para no volver a hacerlo jamás, eso es el Estado de Derecho y parece mentira que tengamos que venir a recordárselo al Partido Socialista», ha lamentado.

Por parte de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que propone además un delito de rebelión impropia, ha considerado que «el Gobierno se arrodilla y se sitúa en el lado equivocado de la Historia». En Vox defienden que quien ataque la unidad de la Nación pierda la nacionalidad española.