El Gobierno convierte a «cualquier» voluntario de ONG en agente oficial para regularizar inmigrantes

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política y parlamentaria
• • 24/04/2026 05:45
  • Actualizado: 24/04/2026 08:33

El Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado ahora que «cualquier» voluntario de las ONG colaboradoras podrá acreditar la vulnerabilidad de los inmigrantes ilegales que soliciten este documento en el proceso de regularización que acaba de iniciarse. Otra chapuza y otro gesto a la desesperada del Ejecutivo socialcomunista en medio del caos y el colapso.

En concreto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige la socialista Elma Saiz, ha dictado una circular que lleva por título Criterios interpretativos de la Dirección General de Gestión Migratoria relativos al Real Decreto 316/2026, de 14 abril, donde el Gobierno afirma que «el certificado o informe de vulnerabilidad podrá ser firmado por cualquier persona que forme parte de la entidad competente en materia de asistencia social, sin perjuicio de la potestad organizativa de ésta».

Es decir, que no será necesario que la vulnerabilidad sea acreditada por un trabajador social u otra persona titulada. Ni siquiera exige la firma de responsables de las entidades colaboradoras. Bastará con que el documento oficial sea emitido por voluntarios de estas organizaciones que constan inscritas en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX), esto es, pertenecientes al Tercer Sector y sindicales. Las centrales UGT y Comisiones Obreras, próximas al Ejecutivo de PSOE-Sumar, se encuentran en este listado.

Además, el Gobierno señala en la nueva instrucción que «el certificado o informe de vulnerabilidad podrá ser firmado por cualquier persona que forme parte de la entidad o de la organización sindical, incluso aunque no figure incluida en el censo de personas habilitadas inscritas en el RECEX».

Junto a ello, el Ejecutivo también indica que dicho informe «deberá incorporar el sello de la entidad emisora, ya sea electrónico o en soporte físico, así como, el número de expediente que conste en el RECEX». Asimismo, frente a posibles estafas ya observadas en el arranque de esta regularización, el departamento de Elma Saiz recuerda que la emisión de este documento «tendrá carácter gratuito».

La circular firmada por el director general de Gestión Migratoria, Santiago Yerga, adscrito a la secretaría de Estado de Migraciones que encabeza la socialista Pilar Cancela, recoge igualmente que las entidades u organizaciones sindicales colaboradoras del Gobierno «cuyo ámbito de actuación tenga carácter territorial específico únicamente, podrán emitir el certificado o informe de vulnerabilidad dentro de dicho ámbito».

En este contexto, y siempre dentro de los límites de su ámbito territorial, dicha organización social podrá emitir el citado certificado «aun cuando dicha persona no se integre específicamente en la línea de acción de la entidad», añade el Gobierno.

En otro apartado, el Ejecutivo manifiesta que la «inscripción de una entidad u organización sindical en el RECEX no implica la obligación de emitir certificados o informes de vulnerabilidad». Y es que la función de estas entidades, que ya son centenares en ese listado del Gobierno, también es la de prestar asesoramiento en este proceso de regularización.

Situaciones

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones viene subrayando que no tendrán que presentar el certificado de vulnerabilidad aquellas personas que hayan trabajado con contrato o hayan sido autónomas en España; las que tengan intención de trabajar por cuenta ajena mediante precontrato, o por cuenta propia mediante una declaración responsable, ni aquellas que formen parte de una unidad familiar con hijos menores de edad, hijos mayores de edad con discapacidad o ascendientes de primer grado.

En caso de no poder acreditar ninguna de estas situaciones, el solicitante de regularización sí tendrá que presentar sin más remedio el certificado de vulnerabilidad. Este documento se puede obtener a través de alguna de las entidades competentes para su acreditación, como los servicios sociales públicos, por ejemplo, de los Ayuntamientos, y por medio de las entidades sociales y sindicatos antes mencionados inscritos en el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECEX).