El Gobierno paga 257.040 € a un ex cargo del PSOE por las clases sobre Franco que segregan a los alumnos
El Gobierno ha encargado a la Fundación Cives el diseño de las unidades didácticas para llevar a las aulas su polémica Ley de "memoria democrática"
El Gobierno ha encargado a la Fundación Cives el diseño de las unidades didácticas para llevar a las aulas su polémica Ley de «memoria democrática». La fundación está presidida por Victorino Mayoral, ex diputado del PSOE y cargo histórico socialista. Afiliado al partido desde 1975 fue, entre otros, consejero de la Junta de Extremadura entre 1993 y 2000, además de delegado de Educación del PSOE. Esta fundación se presenta como «independiente y laica» y afirma que «trabaja por una educación al servicio de los valores de ciudadanía, democracia y derechos humanos».
Como reveló OKDIARIO, esta fundación ha elaborado varias unidades didácticas destinadas a alumnos de Secundaria y Bachillerato. Entre las actividades propuestas está un Barómetro de valores, que divide a los alumnos según sus opiniones sobre Franco.
«Los alumnos tendrán que ponerse en pie y se divide la sala en dos partes, con dos paredes enfrentadas en los extremos». «En el medio se pone una cinta de carrocero sobre el suelo, dividiendo el espacio en dos mitades iguales, y en cada una de las paredes enfrentadas un cartel grande: en una con un sí y en otra con un no. Se pide a los y las participantes que se pongan en el medio. El profesor o profesora les dice que vamos a entablar un pequeño debate en el que no sólo hay que posicionarse ideológicamente, sino también físicamente», reza la explicación de la actividad.
Los alumnos tendrán que ir situándose de un lado a otro en función de lo que opinen sobre varias afirmaciones: «En la Guerra Civil mataron tanto unos como otros, fueran del bando que fueran», «si la guerra la hubiera ganado la República, habría existido la misma represión que con el franquismo», «España le debe mucho a Franco y a sus 40 años de paz», «las heridas de la guerra se cerraron hace ya mucho tiempo y no merece la pena reabrirlas», «lo que pasó durante la Guerra Civil no podría volver a pasar en la sociedad actual» o «quienes muestran más interés en estas cuestiones de la Guerra Civil son personas de izquierda o muy implicadas en la política».
El Gobierno ha entregado a esta fundación la «sensibilización y formación en materia de memoria democrática», según consta en distintos acuerdos en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En concreto, el Ejecutivo suscribió en 2022 un convenio para la implantación de las clases sobre «memoria democrática» en la escuela. El importe asciende a 92.075 euros. En el texto del acuerdo se destaca que la Fundación Cives «valora la memoria democrática como un factor imprescindible para el mejor conocimiento de la construcción de la ciudadanía democrática mediante un proceso histórico sucesivo de avances, progresos y conquistas que debe ser incorporado al currículo escolar», mientras que el Ejecutivo señala «la extraordinaria relevancia que tiene para la acción educativa la enseñanza y el aprendizaje de la memoria democrática en el marco de la historia de la democracia en España desde sus orígenes a la actualidad».
«Nuevas derivas autoritarias»
Esa colaboración se ha ampliado recientemente con la firma de otro convenio, en este caso, para el «análisis del adoctrinamiento durante la dictadura franquista, así como de sensibilización y formación en memoria democrática». El Gobierno pagará 164.965 euros en los próximos dos años, por varias actuaciones, entre ellas, el «análisis del sistema educativo franquista, estableciendo las comparativas entre educar en dictadura y educar en democracia», «la celebración de diálogos educativos para la convivencia democrática, tanto en enseñanzas medias como en universidades, que recojan la situación actual de las aulas y sus retos ante las nuevas derivas autoritarias así como la difusión y divulgación de sus resultados», la formación de educadores «en memoria y valores democráticos» y la celebración de dos encuentros nacionales.
«Repetición de crímenes»
En otro de los manuales, se relaciona a «ciertos grupos políticos» con la «repetición de crímenes» cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura.
«En ese sentido es muy importante que en el sistema educativo español se imparta de modo transversal y específico un análisis crítico de los discursos de odio y de exclusión que están apareciendo en ciertos grupos políticos porque son el germen de conductas muy perjudiciales para la convivencia democrática y porque pueden contribuir a incentivar la repetición de aquellos crímenes», se recoge en concreto en la unidad para Bachillerato Derecho Internacional Humanitario. Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Aunque sin mencionar siglas políticas, sí hace referencia expresa a los «grupos políticos de derecha y de extrema derecha de nuestro país», a los que vincula con «una asimetría injusta en el trato a los muertos de un bando o de otro».
«El hecho de que todavía hoy haya miles de víctimas del bando republicano que no hayan sido encontradas y a las que no se haya podido enterrar dignamente demuestra que los vencedores de aquella guerra fratricida no fueron justos con ellas (…) La deshumanización de esas víctimas ha sido brutal y ha perdurado muchos años. Esa asimetría injusta en el trato a los muertos de un bando o al de otro ha permanecido a lo largo de la etapa franquista y aún permanece en el imaginario colectivo de muchos ciudadanos españoles (…) Y desgraciadamente ese prejuicio maniqueo y metafísico de que existen dos Españas, una buena y otra diabólica, una católica y otra anticatólica, tuvo su legitimación en buena medida en la interpretación nacionalcatólica de la Historia de España y todavía pervive hoy en grupos políticos de derecha y de extrema derecha de nuestro país», se recoge en uno de los ejercicios propuestos.
Igualmente, se invita a los alumnos a reflexionar sobre cuestiones como: «¿Por qué no ha actuado el Poder Judicial español en la época democrática contra esos crímenes? O, ¿por qué se ha demorado tantos años la reparación de los daños causados a estas víctimas del franquismo?», enfatizando así la Ley de «memoria democrática» que el Gobierno aprobó en 2022 gracias a Bildu. En todos los casos se ofrece una visión parcial de la historia, destacando a las «víctimas» del «bando republicano».
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