El Gobierno negocia con Navarra un modelo penal para «reducir al mínimo los encarcelados»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 03/06/2021 06:49
  • Actualizado: 03/06/2021 06:49

El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, ha firmado este miércoles junto a la presidenta de Navarra, María Chivite, la transferencia de las competencias de Sanidad Penitenciaria en las prisiones. Una ocasión que Podemos ha aprovechado para reivindicar un paso más en el régimen de las prisiones, en favor de sus políticas de «reinserción».

El Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo de Chivite se abren a negociar un nuevo modelo, dentro de las competencias actuales, para lograr un sistema penitenciario «más humano» en las prisiones de Navarra que, según Podemos, pasa por considerar la prisión «como último recurso, reduciéndose el número de personas encarceladas al mínimo necesario».

Así se recoge en concreto en el documento Líneas Estratégicas para un modelo navarro que se presentó el pasado mes de febrero, y dirigido por Eduardo Santos, consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno foral.

Como ya avanzó OKDIARIO, Podemos quiere que se apliquen sus principales líneas, que pasan por potenciar el tercer grado y las penas no privativas de libertad. El Ejecutivo de Sánchez negociará en ese sentido. El propio Santos ha celebrado que «debemos dejar ese populismo punitivo de quien la hace la paga, porque así no se soluciona el problema».

«Intervención mínima»

El documento en cuestión defiende el «principio de intervención mínima», de forma que «hay que potenciar las respuestas comunitarias no penales así como aumentar el cumplimiento en régimen de semilibertad y construir un sistema penitenciario verdaderamente orientado a la reinserción, de forma que la tasa penitenciaria y la tasa de reincidencia se mantengan en niveles mínimos». «Ha de evitarse el efecto de ensanchamiento de la red penal que puede ocurrir con la acumulación de medidas “alternativas” a la prisión y penas de prisión», añade.

En este sentido, el informe critica que «en los últimos años se ha producido una huida hacia el derecho penal», así como un «clima político y mediático tendente hacia la judicialización».

Bajo el «principio de intervención mínima», el Ejecutivo navarro señala la «preferencia por aquellos medios que puedan hacer cumplir los fines de la pena siendo menos lesivos para las personas penadas» y opina que «la protección y reparación de las víctimas puede promoverse a través de procesos de reparación y acompañamiento con una visión restaurativa amplia que no ha de vincularse necesariamente al proceso penal».

Traspaso de Prisiones

Por otro lado, el Gobierno foral no oculta en dicho documento que su ambición es lograr la «competencia integral» de las prisiones.

«El traspaso de la competencia integral en ejecución penal es totalmente necesario para coordinar adecuadamente las competencias sectoriales que ya se gestionan desde Navarra: lo penitenciario tiene que dejar de ser una esfera ajena al resto de políticas sanitarias, educativas y sociales. La transferencia integral de competencias penitenciarias permitiría dotar de coherencia y unidad a todas las intervenciones que se dirigen a la reinserción de las personas penadas, fin primordial de las políticas de ejecución penal», concluyen. El primer paso, que se debería asumir «sin más dilación» es, como ya ha ocurrido, el traspaso de la competencia sanitaria penitenciaria.

A lo largo del documento se insiste en un cambio en el sistema penitenciario, basado en reducir al mínimo las penas de prisión: «Si atendemos a los diferentes niveles de limitación de la libertad, en primer lugar se han de situar las soluciones extra-penales, de carácter social y restaurativo, promoviendo respuestas sociales capaces de satisfacer la necesidad de justicia sin utilizar el derecho penal. En un siguiente escalón, el cumplimiento de penas no privativas de libertad es preferible al de penas de prisión. Finalmente, en relación a la prisión, el cumplimiento en el llamado régimen ordinario debería ser excepcional, sólo cuando no hubiera otras maneras menos restrictivas de hacer cumplir los fines de la pena».

Regularización de inmigrantes

Por otro lado, en el documento se destaca, además, la intención de «garantizar el empadronamiento de todas las personas internas», de forma que, sostienen, «el acceso a los derechos sociales no se pierda o dificulte por la entrada en prisión».

Asimismo, pretenden «fomentar la regularización» de los inmigrantes, evitando «la expulsión automática del territorio cuando exista una integración social demostrada».

Señalan que «para proceder a la expulsión en ejecución penal o en base a los antecedentes penales (administrativa) debe justificarse que actualmente la persona represente una amenaza real y suficientemente grave para el orden público y la seguridad pública, y valorarse el tiempo de residencia en España, los vínculos creados, la edad, las consecuencias para el interesado y su familia, o los vínculos con el país al que va a ser expulsado».