El Gobierno impone el pronombre «elle» en los documentos oficiales pese a que la RAE lo rechaza
En una guía de lenguaje inclusivo publicada por Igualdad se recomienda a la Administración usar el lenguaje "no binario"
El Gobierno está decidido a imponer los pronombres «elle» y «nosotres» en los documentos oficiales de la Administración Pública. Así lo establece la guía de lenguaje inclusivo editada por el Ministerio de Igualdad, la cual considera «importante estar dispuestos a emplear formularios que incorporen el lenguaje no binario».
El documento, a pesar de no tener rango de ley, sí insta a las administraciones a «elaborar un programa que, mediante una pregunta sencilla, permita a las personas identificarse como mujer, no binaria u hombre», lo que ayudaría a «atender la diversidad de género que encontramos en la sociedad», se puede leer.
El lenguaje neutro lo rechaza la Real Academia de la Lengua Española, tal y como reconoce la propia guía. Sin embargo, Igualdad considera que, mientras la institución se siga oponiendo a reconocerlo, lo que hace es «perpetuar la discriminación y la burla».
Ejemplifican cómo las «plataformas de redes sociales como Facebook, Grindr o Tinder reconocen entre 30 y 60 identidades de género diferentes», por lo que, aseguran, «hemos de admitir que la visibilización de la diversidad de identidades ha venido para quedarse».
Sobre el ‘masculino genérico’
La guía señala que «el uso del masculino genérico implica para la mujer un vacío» y apuntan a que su uso «es sin lugar a duda un hábito que, en el mejor de los casos, esconde o invisibiliza a las mujeres».
Como alternativa, se propone el uso de «la ciudadanía» en vez de «los ciudadanos», «el funcionariado» por «los funcionarios» y «la plantilla» por «los trabajadores».
Se expone que «el lenguaje es poder», por eso considera que «es condición necesaria que se transforme el discurso institucional» y que «la responsabilidad de romper esta dinámica recae en quienes ocupan cargos de decisión». Cuando las instituciones usan el masculino como referente, advierte la guía, «transmiten un mensaje de autoridad que normaliza la exclusión femenina».
La guía también señala que las oposiciones, medios de comunicación, materiales educativos o convocatorias de acceso al empleo público son espacios donde el lenguaje «incide con especial fuerza en las expectativas».
Por ejemplo, se propone que los problemas de física de los libros de texto incluyan protagonistas femeninas para evitar los «sesgos de autoría» y se propone que, antes de publicar cualquier documento, el personal de la Administración verifique si se han sustituido masculinos genéricos por colectivos o si se han feminizado cargos y profesiones.
El documento, a pesar de no ser una ley, sí se apoya en dos textos legales para presentar esta guía. Por un lado, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que obliga a implantar un lenguaje no sexista en toda la Administración.
Por otro lado, la Ley Trans 4/2023, que incorpora «la obligación de utilizar fórmulas inclusivas en documentos oficiales y comunicaciones institucionales» e «introduce medidas específicas para prevenir la discriminación lingüística».
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