El Gobierno gasta 100.000 € al mes en intérpretes de español para inmigrantes

El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, gastará 999.460 euros en los próximos diez meses en el servicio de intérpretes para solicitantes de protección internacional que no entiendan el idioma español. 

Así figura en el procedimiento de contratación, publicado en el Boletín Oficial del Estado, y actualmente en plazo de presentación de ofertas. El importe abarca el servicio por un periodo de diez meses, aunque el contrato puede ser prorrogable.

La memoria justificativa indica que se trata de un «derecho instrumental» y una «garantía fundamental no sólo para los solicitantes de protección internacional, sino también para la Administración, pues, como tiene declarado el Tribunal Constitucional, el ejercicio de derechos que exigen un diálogo con los funcionarios de la Administración Pública no puede satisfacerse plenamente sin la asistencia de un intérprete, que además debe ser gratuita». Ese servicio, se añade, sólo será prescindible «cuando éste lo comprenda y maneje con fluidez y soltura».

El importe del contrato supone un incremento del 33% con respecto a anteriores ejercicios, como indica el propio texto de licitación. Interior admite que «desde el inicio del año 2015 se ha producido de manera ininterrumpida un incremento de solicitantes que requieren de interpretación en relación con las previsiones de años anteriores, principalmente en el puesto fronterizo de Beni-Enzar, en Melilla, y en el Aeropuerto de Barajas, en Madrid».

«Esta tendencia se une al incremento general de solicitudes que viene experimentando el sistema español de protección internacional desde ese ejercicio», añade. En este contexto, se indica que, en 2018, el número de solicitantes ascendió a 55.749 y que, en sólo cuatro meses del año en curso, ya se roza los 30.000.

«Dado el exponencial incremento de solicitudes que viene experimentando el sistema de protección internacional español y la previsión de elevación del número de expedientes instruidos y resueltos durante todo el ejercicio 2019 se considera necesario aumentar el importe de licitación para poder abordar de manera adecuada ambas tendencias, que no harán sino acentuarse durante los siguientes años – muy especialmente durante 2020», admite el Gobierno, aplicando un incremento del 33%.

La cifra, no obstante, podría verse alterada, dadas las «diversas situaciones coyunturales» como los distintos «conflictos internacionales y su posible repercusión en fenómenos de desplazamiento y de personas en demanda de asilo».

Rechazo a 3 de cada 4 solicitudes de asilo

Según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), España
resolvió favorablemente una de cada cuatro solicitudes de asilo en 2018. En  total tiene pendientes de resolver unas 78.710 peticiones.

En concreto, España reconoció la protección internacional a 2.895 personas, de las cuales 575 obtuvieron el estatuto de refugiado, es decir, menos del 5% de las peticiones resueltas.

La secretaria general de CEAR, Estrella Galán, lamentó que «la tasa de admisión está por debajo de los principales países de acogida» y avisó al Gobierno de Pedro Sánchez de que «estamos bajando el porcentaje de resoluciones favorables con respecto a años anteriores». En 2017 se aceptaron 1 de cada 3 solicitudes de asilo presentadas, el 35% del total.