El Gobierno exige un acuerdo de todas las fuerzas políticas para evitar los homenajes a etarras en el País Vasco
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, ha solicitado que el País Vasco llegue a un acuerdo para evitar los homenajes a los presos de ETA excarcelados puesto que deben de ser considerados como «absolutamente inadmisibles».
Además, ha apuntado que, al margen de la vía penal, existen otros recursos, como las multas a los ayuntamientos que cedan espacios públicos para los recibimientos, pero también la concienciación social
Jesús Loza ha apostado por buscar ahora el acuerdo para establecer «qué medidas se pueden ir tomando», de forma que «todas las administraciones actúen de forma conjunta». «Desde la Delegación estamos dispuestos a ayudar en todo lo que sea posible», ha apuntado.
Para Loza «la vía penal» para actuar contra los homenajes a reclusos de ETA es «una vía estrecha, como no puede ser de otra manera, porque estamos en un Estado de Derecho». No obstante, ha asegurado, í es posible el recorrido por vía penal, como, a su juicio, ocurre en los recientes casos de los ‘ongi etorri’ celebrados el pasado 27 de julio en la localidad guipuzcoana de Hernani al ex número dos de ETA José Javier Zabaleta Elosegi, alias ‘Baldo’, que abandonó la prisión de Zuera tras cumplir 29 años de condena, o el organizado al día siguiente en Oñate a Xabier Ugarte, condenado por el secuestro del funcionarios de prisiones José Antonio Ortega Lara, tras quedar libre después de 22 años en prisión.
No obstante, ha apuntado que, «en muchas otras ocasiones, hay que utilizar la vía administrativa», que permite «varias posibilidades de actuación», como, por ejemplo, las multas a los municipios que permitan la celebración de estos recibimientos en espacios públicos.
En este sentido, ha recordado que en 2008 en el País Vasco hubo un acuerdo para aprobar la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, cuyo artículo 4 «es taxativo» a la hora de establecer que los poderes públicos vascos «velarán para que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos».
El delegado del Gobierno se ha referido, en concreto, al hecho de que la norma apunte a que se «adoptarán medidas oportunas para garantizar la seguridad, el bienestar físico y psicológico y la intimidad de las víctimas y sus familiares y, en particular, para prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas».
Sobre la posibilidad de que se pueda actuar contra los Ayuntamientos de Hernani y Oñate por los ‘ongi etorri’ a Zabaleta Elosegi y Ugarte, ha recordado que, en su día, la Delegación del Gobierno les comunicó que se iba a producir la salida de prisión de estos reclusos «para que lo supieran y para que tuvieran en cuenta que el recibimiento en privado» a estas personas son «perfectamente comprensibles, pero que no es lo es el homenaje público».
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