El Gobierno etiqueta como «informes de inteligencia» los documentos policiales sobre la regularización para ocultarlos

El Gobierno de Pedro Sánchez etiqueta como «informes de inteligencia» los documentos remitidos por la Policía Nacional sobre la regularización masiva de inmigrantes, cuyo plazo para presentar la solicitud expiró el pasado martes. El Ejecutivo socialista ha justificado de esa manera la categoría de secreto de esos documentos, negándose así a desvelar la documentación clave en el procedimiento para normalizar a las personas en situación administrativa irregular.

La administración central cierra la puerta a publicar esta información a través de una respuesta parlamentaria después de una pregunta por escrito de varios parlamentarios de Vox. Concretamente, se refería a unos informes sobre la valoración de los riesgos de la regularización que el Gobierno se ha negado a entregar bajo el pretexto de que se trata de documentos secretos.

Los diputados Francisco José Alcaraz, Alberto Asarta, Ignacio Gil Lázaro y David García han interrogado sobre los «motivos por los que el Gobierno ha rechazado facilitar una serie de documentos relacionados con el actual proceso de regularización de 500.000 inmigrantes ilegales en España, alegando que resultan de carácter secreto o reservado».

Concretamente, los representantes del partido de Santiago Abascal han preguntado también sobre si el Ejecutivo considera que no hacer públicos esos informes es «compatible con los principios de transparencia y control parlamentario». Además, se interesa por conocer si «los documentos cuyo acceso ha sido denegado contienen información que podría afectar a la Seguridad Nacional de España».

«Son informes de inteligencia»

A esto, el Gobierno ha respondido que tienen la capacidad de declarar como secretos «todos los documentos que afectan a la estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos de los servicios de información, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas».

Sin embargo, el Gobierno también asegura que dentro de esa normativa se encuentran también «todos aquellos documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución de esos documentos». Se agarran a un Acuerdo de Consejo de Ministros, de 28 de noviembre de 1986, otra de 1994 y la Ley de Secretos Oficiales de 1968.

En ese sentido, asegura que «los informes, notas técnicas, evaluaciones de riesgo o documentos internos elaborados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, la Unidad de Coordinación de Relaciones Internacionales (UCRI) o el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), de la Policía Nacional, son informes de inteligencia». Por tanto, según el Gobierno, «entrarían en esta declaración genérica desde 1986» y se podría vetar su publicación.

Además, señalan que también pueden protegerse «los informes, notas y documentos internos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) sobre cómo operan las redes de trata de seres humanos, así como otras redes de delincuencia vinculadas a la inmigración irregular».

Asimismo, indica que «se otorga, con carácter genérico, la clasificación de secreto a la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas».

«Se indica que no constan instrucciones entre el Ministerio del Interior, Policía Nacional y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ni comunicaciones oficiales de instituciones europeas sobre los riesgos de la regularización para el espacio Schengen», añade la respuesta del Gobierno.

Regularización masiva del Gobierno

PSOE y Podemos acordaron a finales de enero una regularización masiva de inmigrantes que, posteriormente, acabó aprobándose en el Consejo de Ministros.

La medida beneficia a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y, en sus primeros cálculos, puede suponer la regularización de más de medio millón de personas, pero que podrían ser 300.000 más si recurren a la figura del arraigo, lo que permitiría también incluir a familiares de estos beneficiarios. Estos tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, algo para lo que simplemente será necesario aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales u otros como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

Finalmente, tal y como comunicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, hizo un recuento de la cifra final de peticiones de regularización, que superaron las que se habían previsto: «Se han registrado 1.174.978 solicitudes».