El Gobierno elige una ONG de dirigentes del PSOE regada con 3,9 millones al año para ayudar a la regularización
La ONG Movimiento por la Paz la encabezan Francisca Sauquillo y Manuel de la Rocha Rubí, dos históricos socialistas
El Gobierno ha incluido a Movimiento por la Paz (MPDL) entre las entidades sociales y organizaciones que colaborarán con el proceso de regularización masiva. Se trata de una ONG que encabezan dos históricos dirigentes socialistas: Francisca -Paquita- Sauquillo -presidenta de honor- y Manuel de la Rocha Rubí -presidente-. Este último, veterano cargo del PSOE que fue, entre otros, alcalde de Fuenlabrada entre 1979 y 1983 y consejero de Educación y Juventud del Gobierno de la Comunidad de Madrid entre 1983 y 1985, es padre de Manuel de la Rocha, actual director de la Oficina Económica de Moncloa y uno de los asesores de Pedro Sánchez.
Por su parte, Francisca Sauquillo es presidenta del PSOE de Madrid. En su trayectoria política fue diputada en el Congreso, en la Asamblea de Madrid y eurodiputada con el PSOE. Recientemente, recibió la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, de manos del ministro Félix Bolaños, una distinción creada durante la dictadura franquista. Sauquillo es fundadora y presidenta de la ONG desde 1984.
Esta organización, que se define como «independiente, laica y progresista», ha recibido casi 4 millones de euros en el último año por parte del Gobierno socialista, bien en subvenciones (3.064.656 euros) o en contratos para la acogida urgente de inmigrantes irregulares (1.920.395).
Las ayudas y contratos a la organización, de evidente vinculación con el PSOE, es habitual pues, en los últimos años, ha recibido aportaciones millonarias del Gobierno que preside Pedro Sánchez. Las subvenciones se canalizan a través de diversos ministerios, como Exteriores, Igualdad, Derechos Sociales,. Educación o Cultura.
Ahora, es una de las entidades incluidas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, formado por organizaciones sociales y sindicatos, que ofrecerán asesoramiento gratuito a los inmigrantes que quieran acceder a la regularización masiva aprobada por el Gobierno, y acreditarán su vulnerabilidad. Asimismo, estas entidades pueden actuar como representantes de los interesados a la hora de cursar su solicitud telemática.
Informes de «vulnerabilidad»
Estas entidades se encargarán, entre otros trámites, de elaborar los informes que acrediten la «vulnerabilidad» de los inmigrantes que deseen acceder al proceso de regularización.
Las personas extranjeras deberán acreditar una de tres situaciones para poder regularizarse: bien haber trabajado en España o demostrar la «intención de trabajar con oferta o declaración responsable», o vivir en España con su unidad familiar (hijos menores, o con discapacidad, o ascendientes de primer grado). La tercera vía es el informe de vulnerabilidad, que será certificado por las organizaciones del Registro de Colaboradores de Extranjería.
Para ello, bastará con que la persona inmigrante acredite encontrarse en alguna de estas situaciones: «Aislamiento social», «situación de sinhogarismo», «carencia de ingresos suficientes», «riesgo de exclusión económica», «dificultad de acceso a empleo», «riesgos psicosociales» o ser «víctima de discriminación», entre otros.
Se trata de supuestos lo suficientemente laxos para ampliar el proceso de regularización que, según el Gobierno, beneficiará a medio millón de inmigrantes y, según la Policía, a al menos 1,2 millones.
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