El Gobierno culpa de la corrupción a las empresas: difundirá una lista negra de compañías condenadas

El Gobierno de Pedro Sánchez prepara una ley para culpar a las empresas de la corrupción como la que rodea al entorno político y personal del jefe del Ejecutivo. El Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero ha anunciado que difundirá una lista negra de las compañías condenadas por haber incurrido en delitos de corrupción y que estarán inhabilitadas para contratar con la administración.

La vicepresidenta primera del Gobierno anunció este martes en el Consejo de Ministros la puesta en marcha del anteproyecto de ley orgánica de integridad pública. Éstas eran las medidas que Sánchez prometió tras el estallido de la trama del PSOE que provocó la dimisión de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización socialista y uno de los estrechos colaboradores de Sánchez en las primarias que le permitieron recuperar el poder en la secretaría general del partido.

Montero ha asegurado que la medida que quería «destacar» en el último Consejo de Ministros es que «el registro de empresas con prohibiciones de contratar con la Administración va a ser público y va a ser accesible». «También las empresas condenadas por prácticas corruptas», ha puesto en valor la dirigente socialista.

El Ejecutivo ha asegurado que la norma «da respuesta a una preocupación de los ciudadanos y a una exigencia democrática básica». Concretamente, el proyecto contiene 84 medidas en diferentes textos legislativos, modifica 18 normas y seis Leyes Orgánicas. «Una ley muy ambiciosa», celebró Montero.

Las empresas, en la picota

El Gobierno reconoció que entre las «principales medidas» de esta nueva norma está la prevención a través de la publicación de un «registro de empresas con prohibiciones de contratar con la Administración». Ese listado, ahora confidencial, pasará a ser «público y accesible».

A su vez, se incrementará de 15 a 20 años las penas máximas de inhabilitación para contratar o recibir subvenciones a las empresas condenadas por prácticas corruptas.

De este modo, el Gobierno pone en la picota a las empresas, al situar el foco en las compañías corruptoras y no en los políticos que puedan fomentar este tipo de delitos.

Eso sí, el Gobierno también endurecerá «el control y la transparencia de las donaciones de los partidos políticos y sus fundaciones». Para asegurarlo, se reducirá el umbra para declarar las donaciones individualizadas. Antes, las formaciones políticas estaban obligadas a declarar las mayores de 25.000 euros. Ahora, tendrán que hacerlo con todas las que superen los 2.500 euros. Además, se redujo el tiempo para dar esos datos a la Administración: «El plazo para informar es 1 mes».

Por otro lado, el Gobierno obligará a los partidos a hacer «auditorías externas e independientes». También se «incrementará el régimen sancionador con una sanción equivalente al doble de la donación no publicada», comunicó Montero.

El Gobierno pretende ponérselo más difícil a los partidos políticos para que puedan recibir dinero público para las campañas electorales. Las formaciones tendrán que rendir cuentas con mayor transparencia, según el Ejecutivo. Lo hace después de que la Audiencia Nacional abriera una causa para investigar la financiación del PSOE después de que sus dos últimos secretarios de Organización fueran encarcelados por casos de corrupción.