El Gobierno admite por escrito que no sabe cuántos etarras premiados han colaborado con la Justicia

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 08/11/2022 06:45
  • Actualizado: 08/11/2022 08:39

Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, 203 etarras han sido trasladados a otras cárceles, 172 al País Vasco y Navarra. De ellos, 98 presos tenían delitos de sangre. En concreto, un sanguinario historial de 217 atentados, y 298 víctimas. A punto de culminar el proceso de acercamiento a las cárceles vascas y navarras, como le exige Bildu, el Ministerio del Interior admite por escrito, a preguntas de OKDIARIO, que no sabe cuántos de estos etarras han colaborado con la Justicia para verse beneficiados con un traslado.

Llegar a las cárceles del País Vasco supone un avance definitivo para los condenados terroristas. Tras asumir de manos de Sánchez la competencia en Prisiones -en octubre del año pasado-, el Gobierno de Íñigo Urkullu manifestó su intención de facilitar la reinserción de estos presos y en estos meses ya ha favorecido varias excarcelaciones. Según los datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), se ha concedido la medida de semilibertad a 29 presos de ETA. La Audiencia Nacional ya ha revocado hasta cinco terceros grados. Los últimos, la semana pasada.

Pese a que las víctimas han reclamado que se exijan condiciones para favorecer los traslados, el Ministerio del Interior demuestra su manga ancha para atender a las peticiones de Bildu, legitimado ya como su socio preferente.

En su respuesta, firmada por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, Interior admite directamente que «no dispone» de información sobre cuántos etarras que han sido trasladados al País Vasco han colaborado con la Justicia. Alegan que «no forma parte de los requisitos previstos en la Ley Orgánica General Penitenciaria a la hora de decidir el centro penitenciario de destino».

La ley sólo recoge expresamente que se exigirá esa colaboración para la «clasificación o progresión al tercer grado». Así, se pide que los condenados por terrorismo «hayan colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado».

No obstante, la decisión de facilitar el traslado a los etarras, sin colaboración alguna para esclarecer los crímenes de ETA, ha recibido el rechazo de varias víctimas (como la AVT) y también del Partido Popular. «Comprendo que Bildu vive mejor que nunca con Sánchez, porque con nosotros tiene que volver a aceptar que, sin pedir perdón y sin colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los asesinatos pendientes, no es posible esta política penitenciaria», argumentó Núñez Feijóo.

Contra la cárcel

Por ello, no deja de resultar, cuando menos, llamativo, que Interior desconozca por completo si se ha producido o no colaboración con las autoridades antes de facilitar una situación más favorable a los presos. A esto se suma que al menos 322 decisiones sobre acercamientos de las que se han beneficiado presos etarras desde que Sánchez es presidente del Gobierno se tomaron en contra del criterio de las juntas de tratamiento penitenciario, tal y como admitió recientemente el Ejecutivo en una respuesta por escrito en el Congreso de los Diputados.

En este tiempo se han firmado un total de 1.385 resoluciones que afectaban a la población reclusa etarra. De ellas, 322 corresponden a decisiones sobre el centro penitenciario de destino que, reconocen, «se apartaron del destino propuesto por la junta de tratamiento». Aunque los equipos de cada prisión proponen su opción de destino en base a criterios técnicos concretos, es Instituciones Penitenciarias quien tiene la última decisión.