El Gobierno y 2 jueces del CGPJ nombrados por el PSOE dan a Bolaños un premio de «Justicia transparente»

Félix Bolaños ha recogido el galardón a la Justicia más transparente, que ha entregado este viernes el Consejo General del Poder Judicial. Las iniciativas que han sido premiadas han sido seleccionadas por el presidente del CGPJ, Luis Martín Contreras e Inés María Herreros, ambos propuestos por el PSOE. Un galardón a la transparencia que llega poco después de que el juez Juan Carlos Peinado haya pedido al Tribunal Supremo imputar al ministro de Justicia por malversación y falso testimonio en el caso Begoña, y en pleno ataque del Gobierno a la Justicia a través de varias leyes en trámite.

Este viernes se han celebrado los XII Premios a la Calidad de la Justicia, que reconocen las iniciativas encaminadas a lograr una administración de Justicia más eficaz, más transparente y más accesible. Bolaños ha sido el encargado de recoger el Premio Justicia más transparente en la categoría Entidades y Organismos relacionados con la Administración de Justicia. El jurado que ha elegido premiar esta iniciativa estaba liderado por los jueces Luis Martín Contreras e Inés María Herreros, en su día propuestos por el PSOE para la renovación del CGPJ.

Esta imagen recogiendo el premio a la transparencia contrasta con las últimas decisiones judiciales sobre Bolaños. Esta semana, el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, dirigido por Juan Carlos Peinado, elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando que asuma la competencia para investigar al ministro socialista por presuntos delitos de malversación y falso testimonio en relación con el caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

La investigación se centra en la contratación de Cristina Álvarez «como personal eventual para realizar funciones de directora de programas, el día 18 de junio del año 2018».

En el punto de mira están las actividades desarrolladas por Álvarez como asistente personal de la esposa del presidente del Gobierno. El juez considera que existió una «apropiación de fondos por parte del autor o que éste consiente su apropiación por terceras personas», lo que constituye el núcleo de la presunta malversación investigada.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, según la exposición razonada, habría incurrido además en falso testimonio durante su declaración como testigo el 16 de abril de 2025, cuando negó tener conocimiento sobre el nombramiento de Cristina Álvarez.

La contradicción entre el testimonio y prestado y la documentación aportada constituye, según el juez, un presunto delito de falso testimonio tipificado en el artículo 458 del Código Penal. El documento judicial señala que «el testigo, ahora investigado, manifestó que la persona que había realizado el nombramiento, era el que había realizado un certificado», cuando las evidencias posteriores demostraron lo contrario.

La ley establece que «la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años».