La Generalitat encuentra un «vacío» para convocar el referéndum independentista

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha encontrado un vacío legal para, según él, convocar el referéndum en Cataluña mientras que el Tribunal Constitucional les hace llegar el recurso que interponga el Gobierno de Mariano Rajoy. Así se lo ha hecho llegar a sus más cercanos que estudian junto al resto de fuerzas secesionistas, que conforman el Pacto Nacional por el Referéndum, los vericuetos para hacer real y efectiva la independencia.

Dirigentes del PDeCAT afirman que para que el referéndum llegue a buen puerto la clave reside en aprobar la Ley de Transitoriedad Jurídica en sede parlamentaria. Esto es, que se apruebe el texto marco que contiene las llamadas ‘leyes de desconexión’ para que puedan acogerse a su legalidad y no a la normativa española, según explican. Las fuerzas independentistas han estado trabajando a destajo, según apuntan las fuentes consultadas, para tener listo el documento que dé rienda suelta a la república catalana.

El contenido de este texto es el secreto mejor guardado porque, tal y como sostienen dirigentes de Junts pel Sí y de la CUP, en el momento que se sepa, «el gobierno lo judicializará». Así que en total silencio, señalan, llevan este último año escudriñando bien el reglamento del parla mento catalán para ver cómo pueden saltarse a la torera la Carta Magna y demás leyes para tramitar la ley en un escaso margen de tiempo que no permita su paralización por parte del Estado con comodidad.

La estrategia pasa por tener preparada esta Ley de Transitoriedad Jurídica para que Puigdemont la ponga a votación en la Cámara. Ese será el pistoletazo de salida para el Gobierno que, en el momento que los independentistas pulsan la tecla de ‘acción’ ellos se la devuelven con la de ‘reacción’. Así y una vez hecha la hazaña, el Gobierno interpondrá un recurso al Constitucional para evitar que esa votación tenga validez.

A juicio de los secesionistas catalanes, esta orden llegará tarde porque, según ellos, ya se habrá aprobado y entre que les remiten el recurso y no ya habrán convocado el referéndum auspiciados por sus leyes aprobadas en sede parlamentaria. «Se produce un vacío que nos permite convocar el referéndum y cumplir así con el mandato democrático que tenemos», sostienen. El único problema que les preocupa a este conjunto de fuerzas catalanas es cuándo hacerlo. «Hay que pillarles desprevenidos», señaló riéndose un diputado de ERC.

Lo cierto es que a raíz del juicio este lunes de Homs ante el Supremo por desobediencia al Constitucional con el 9N, el independentismo sigue más unido que nunca. Los principales dirigentes de ERC acudieron a arropar a Homs e incluso los Comunes de Ada Colau y también dirigentes de Podemos. Tal y como publicó OKDIARIO, Homs no espera mucho de este juicio y comentó a sus más cercanos que ya tiene preparados los recursos que interpondrá ante el tribunal de Justicia de la UE y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en caso de que el Supremo le inhabilite.

La Fiscalía pide 9 años de inhabilitación para el dirigente catalán. Su defensa considera que los máximos responsables de la Generalitat no incurrieron en ningún delito de desobediencia ni prevaricación el 9N y avanzaron a OKDIARIO que basarían su defensa en la misma estrategia que utilizó el fiscal del Supremo para archivar su denuncia contra el presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Homs denunció a Rajoy por desobediencia y prevaricación “al igual que el Estado se lo ha hecho a él”, explicó su defensa, “teniendo razón la Generalitat por el incumplimiento reiterado de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el reparto de los fondos del 0,7% del IRPF a fines sociales”.

Este ‘paripé’ de ‘externalizar el conflicto catalán’ como busca el ex presidente Artur Mas pone nervioso a más de uno en Moncloa provocando una sucesión de ‘tropiezos’, como tener prevista la aplicación del artículo 155 de la Constitución (si la cosa se pone seria) o la confesión de «reuniones a todos los niveles» destapando así el encuentro secreto del presidente con Puigdemont.

Sin embargo, la ‘Operación Diálogo’ continúa situándose en su segunda fase, la del diálogo con empresas y organismos de la sociedad civil. La propuesta por parte del Gobierno sigue encima de la mesa, los 46 puntos que pidió Puigdemont a Rajoy a excepción del referéndum, para mejorar la financiación, infraestructuras, sanidad y educación, entre otras. Sin embargo, la otra parte todavía tiene que bajarse del burro del referéndum para subirse al adelanto electoral y esto implica más tiempo.