España

Los funcionarios exigen policías en las oficinas de empleo al temer altercados por el impago de los ERTE

CSIF pide "refuerzo en la atención telefónica, la cita previa y que se prime la atención telemática"

Las oficinas de empleo público ultiman su reapertura a comienzos de junio, con un inmenso atasco en el pago de miles de ERTE y con retrasos en el abono de las prestaciones a los empleados del hogar. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama de forma urgente al Gobierno «garantías de seguridad sanitaria, el refuerzo urgente de las plantillas y presencia policial en las oficinas», ante el temor a una ola de protestas por el denigrante trato dado por el Gobierno a la población.

«Pedimos el refuerzo de la atención telefónica, la cita previa y que se prime la atención telemática», señalan desde el sindicato. «Están sin resolver procesos de regulación de empleo temporal (ERTE), a los que se suma la nueva prestación para empleadas del hogar por falta de actividad (en número todavía indeterminado), a las que ni tan siquiera se ha comenzado a abonar la prestación, y las más de 3,3 millones de prestaciones individuales ordinarias», apuntan desde CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas.

Por todo ello, CSIF ha trasladado ya a los responsables del SEPE su preocupación ante esta situación de vulnerabilidad que padecen miles de personas, «cuya angustia e incertidumbre se trasladará sin duda a las oficinas del SEPE y a los profesionales que las atienden» a la hora de cobrar los ERTE.

En respuesta a los requerimientos de CSIF, los responsables del SEPE van a esperar a que se abone la nómina de junio para analizar las incidencias que se pudieran producir, al tiempo que las oficinas de atención al público estén preparadas en materia de protección de riesgos laborales frente al COVID-19.

«Los profesionales del SEPE, desde que comenzó la crisis, han estado trabajando siete días a la semana y a doble turno durante el confinamiento en sus propios domicilios y con sus equipos informáticos para resolver la avalancha de peticiones con una plantilla deficitaria (respecto al año pasado la carga de trabajo se ha incrementado un 530%, mientras que la plantilla solo ha aumentado un 10% con personal interino)», aclaran desde CSIF.

A esta situación se suman las declaraciones políticas «irresponsables sobre el pago de prestaciones, cuando la realidad nos dice que aún hay cerca de 300.000 personas que no han percibido su prestación. Todo ello ha generado una lógica frustración y preocupación en los ciudadanos afectados a los que los empleados públicos quieren seguir atendiendo, eso sí, en las mejores condiciones».

Según los informes facilitados a CSIF, «la inmensa mayoría de comunidades autónomas todavía no están en disposición de garantizar una atención con las máximas garantías sanitarias (aún se están instalando mamparas en muchas de ellas) y no se puede garantizar el servicio de seguridad privado en muchas de ellas».

Por eso, desde CSIF reclaman «la presencia de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en estas unidades, tal y como manifiestan la mayor parte de directores generales del SEPE en las comunidades autónomas», concluyen.

Déficit de plantilla

CSIF ya había denunciado que la tramitación de expedientes de prestaciones por desempleo había crecido un 530% en abril respecto al mismo mes de 2019, mientras que la plantilla el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) apenas se ha incrementado un 10% con la incorporación de personal interino solo para seis meses.

En un comunicado, el sindicato exigió al Gobierno que informe «con claridad» sobre la sobrecarga de trabajo que estaban sufriendo los trabajadores del SEPE para evitar «episodios de acoso y violencia a funcionarios».

Según CSIF, la sobrecarga estaba provocando un gran retraso en los trámites, por lo que muchas personas afectadas por un ERTE aún no habían percibido la prestación, lo que estaba ocasionando que estas trasladen su malestar a los trabajadores del SEPE, que son quienes «dan la cara con su trabajo diario ante la irresponsabilidad reiterada de las declaraciones políticas».

El sindicato destacó como principales problemas que están lastrando la gestión de los expedientes la desinformación por parte del Gobierno al insistir en que es una cuestión resuelta, los errores en la documentación que aportan las empresas, el colapso de la autoridad laboral para declarar la fuerza mayor de los ERTE o la necesidad de esperar a que se declare el silencio administrativo para tramitarlos.