La Fiscalía se opone a excarcelar a los golpistas catalanes: «Persiste el riesgo de fuga»
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado este lunes en contra de la puesta en libertad, mientras esperan sentencia, de los líderes independentistas juzgados por rebelión en la causa del ‘procés’ en Cataluña Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez y Carme Forcadell. Alega entre otras razones que persiste el riesgo de fuga mientras esperan que el alto tribunal dicte sentencia.
En escrito, de seis páginas, señala que también subsiste el riesgo de reiteración delictiva en todos ellos, lo que «podría convertir en imposible la ejecución de la sentencia». «La apariencia de buen derecho se ha incrementado tras el juicio oral» que concluyó el pasado 12 de junio, por lo que el «ambivalente dato del transcurso del tiempo» que llevan en prisión preventiva debe valorarse, a juicio de la Fiscalía, «como aumento razonable de la posibilidad de una efectiva condena».
Las defensas de los ex consejeros, de la expresidenta del Parlament y del expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) señalaban en sus escritos de petición de excarcelación que una vez el juicio ha quedado visto para sentencia ya no es necesario asegurar la presencia la presencia de los encausados en la vista, no existe riesgo de fuga dado su arraigo familiar y además es posible aplicarles medidas menos gravosas.
Celebración de Vox
El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha celebrado que los políticos «fugados y golpistas» no hayan podido formalizar este lunes ante la Junta Electoral Central su condición de parlamentarios en la Eurocámara.
En declaraciones en el Congreso después de jurar la Constitución, Buxadé ha agradecido a la Junta Electoral que esté «cumpliendo la legalidad constitucional» y esto haya evitado la presencia en el Congreso del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de su consejero Toni Comín, ambos fugados, y del presidente de ERC, Oriol Junqueras, a quien el Tribunal Supremo no ha permitido salir de prisión para realizar el trámite.
De hecho, el que fuera ‘número uno’ de Vox en las elecciones al Parlamento Europeo ha reconocido que «ojalá» esta aplicación del ordenamiento constitucional se hubiera realizado «años antes» y se hubiera podido evitar «el insulto que supone para la Cámara la presencia de estos golpistas fugados».
Firmeza contra quien incumpla la Ley
El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, ha anunciado este lunes que el ministerio público seguirá actuando «con firmeza y rigor» contra los funcionarios y autoridades que vulneren la ley en esta comunidad autónoma, «cualquiera que sea el rango de los infractores».
En su discurso ante los 23 nuevo s fiscales destinados a Cataluña que hoy juraban su cargo, Bañeres ha recordado que en los últimos años se ha desarrollado en esta comunidad «un movimiento político de singular trascendencia que, en su devenir, ha conllevado por sus inspiradores la comisión de numerosas infracciones de naturaleza penal promovidas, cuando no directamente cometidas, por funcionarios y autoridades».
«En todos esos supuestos el ministerio fiscal ha actuado con la firmeza y el rigor que le demanda el cumplimiento de su deber y, tened por seguro que continuará actuando del mismo modo cualquiera que sea el rango de los infractores», ha asegurado Bañeres, tras destacar que el español es uno de los ordenamientos jurídicos «más modernos y democráticos del mundo».
Doctrina europea
El Tribunal Supremo ha tenido que resolver, una vez finalizadas las sesiones de la vista oral, sobre la nueva petición de libertad de los acusados del juicio del ‘procés‘ que ya preparan sus defensas. Fuentes jurídicas próximas al Alto Tribunal apuntaron que la Sala de lo Penal que preside el juez Manuel Marchena, confirmará la permanencia en prisión de los líderes separatistas catalanes hasta que se notifique la sentencia.
Y lo ha hecho apoyada en dos pilares fundamentales: la elevada petición de las penas que mantienen las acusaciones -25 años por rebelión para Oriol Junqueras, en el caso de la Fiscalía- y los recientes espaldarazos de Europa a las decisiones de la Justicia española. Pese a que las defensas han insistido en el carácter limitado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)concede a la medida cautelar de prisión provisional -pensando en un futuro recurso ante Estrasburgo- el Supremo aborda el «razonable» mantenimiento de la misma, para garantizar el cumplimiento de la futura sentencia.
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