La Fiscalía del Supremo resiste a Delgado: se opondrá al indulto de los golpistas

La Fiscalía del Tribunal Supremo ultima el expediente en el que se opone al indulto de los independentistas catalanes condenados a penas de hasta 13 años de cárcel. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que el Ministerio Público dará traslado esta semana al alto tribunal y se mostrará firme a su propuesta inicial, resistiéndose –de este modo– a los posibles intereses de la fiscal general y ex ministra de Justicia con Pedro Sánchez, Dolores Delgado.

Los condenados para los que se ha solicitado esta medida de gracia son Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat; los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa; Josep Rull y Joaquim Forn; la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell; los líderes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart y los ex consejeros Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs.

En septiembre el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció en la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, que los indultos solicitados por los líderes del 1-O comenzarían tan sólo una semana después. Ya en ese momento los fiscales que condenaron a los independentistas por la celebración del referéndum ilegal se mostraron discordantes. Tal y como adelantó OKDIARIO, fuentes consultadas por este periódico aseguraron que los fiscales del procés, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno, «obviamente» seguirían con el mismo criterio con el que se fueron a juicio. «No apoyarán el indulto a los condenados del procés», afirmaron. Y así se refleja en un informe que entregarán esta misma semana a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena.

Dos meses después de que Campo lo anunciara, a principios de diciembre, el Supremo dio traslado a la Fiscalía para tramitar el expediente de petición de indulto de los doce líderes independentista. La respuesta llega unas semanas después, puesto que el Ministerio Fiscal conserva una postura sólida al respecto.

Entre los fiscales del procés hay una sensación de desolación e impotencia porque después de encabezar uno de los procedimientos judiciales más importantes en la historia de la democracia, el Ejecutivo de Sánchez les indultará. Pese a que el Ministerio Fiscal y, previsiblemente, el Supremo se muestren en contra, tal y como contempla la Ley del Indulto -del año 1870- que recoge que la opinión del tribunal sentenciador no es vinculante frente a la decisión final, que compete al Gobierno.

Así lo ratificó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una entrevista en la que admitió que sería «excepcional pero el Ejecutivo podría indultar a los políticos catalanes aun con el informe en contra de la Fiscalía y del tribunal sentenciador», en este caso, el Supremo. Así los golpistas catalanes tendrían un tratamiento distinto al que el Gobierno ha dado desde enero al 99% de las peticiones registradas que fueron denegadas al no contar con el visto bueno del juez y el Ministerio Fiscal.

El Supremo

Los jueces del Tribunal Supremo ya han mandado mensajes contrarios a adelantar la salido de prisión de los condenados. El alto tribunal decidió retirar los permisos de los que disfrutaba los condenados por sedición del 1-O por «prematuros».

En su informe alegó que: «Es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del interno y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trata de condenas elevadas (de 9 a 13 años de cárcel) de las que ninguno ha cumplido la mitad, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte».

La Sala estimó los recursos de apelación de la Fiscalía contra el progreso a tercer grado penitenciario concedido por la Generalitat y ratificado después por los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, de manera que los golpistas continuaron en segundo grado.

Los jueces también estimaron el recurso de la Fiscalía en relación a la aplicación a estos internos del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que suponía también un régimen de semilibertad, y que les denegó, reiterando los argumentos que dio respecto a Carme Forcadell el pasado mes de julio, por la falta de conexión de un programa de tratamiento de ese tipo con un proceso de reinserción de los delitos cometidos.

Elecciones catalanas

Uno de los hándicap del Gobierno son los plazos de concesión de esta medida de gracia. El calendario juega un papel fundamental en este procedimiento Los comicios catalanes se celebrarán el próximo 14 de febrero por lo que el Supremo cuenta con un mes y medio para pronunciarse al respecto.

Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que si el alto tribunal, que ya tiene una opinión formada, se apresura en la tramitación el Gobierno de Sánchez contará con tiempo suficiente para darle repuesta a sus socios independentistas ante de las elecciones autonómicas.