La ex diputada podemita Rosell obligada a demoler el muro que corta el paso a sus vecinos

La ex diputada podemita Victoria Rosell mantiene una guerra abierta desde el año 2003 con sus vecinos de calle. Un muro levantado por la comunidad de propietarios de la urbanización privada de chalés donde reside, Jardines de Chil, es el motivo de la disputa. Tras dieciocho años de batalla judicial, una sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas la obliga a derribar la construcción y la valla que anulan una servidumbre de paso vigente, confirmando la decisión ya adoptada por el Juzgado nº 11 en primera instancia.

La sección 3ª de la Audiencia Provincial de Las Palmas resuelve, tras estimar el recurso presentado por los vecinos, que los propietarios de la urbanización de chalés Jardines de Chil -en el que la juez en excedencia, ex «ministra» de Justicia de Podemos, Victoria Rosell es propietaria de un adosado- cierran el paso desde sus domicilios a la calle Maestro Rodó y los confinan a acceder a sus viviendas a través de una única escalera que, además, imposibilita el acceso directo de ambulancias, bomberos o vehículos policiales a la zona en caso de urgencia.

Los magistrados Ricardo Moyano, José Antonio Morales y Juan José Cobo, integrantes del tribunal y ponentes de la sentencia condenatoria, consideran que la servidumbre de paso continúa siendo «plenamente válida» para personas y vehículos -y por tanto ordenan derribar el muro y la valla que la anulan, así como cancelar la escritura notarial otorgada para la extinción de la misma por la señora Rosell y el resto de copropietarios -entendiendo que la  misma debe ser «plenamente restituida».

Un capricho de casta

La ex diputada de Podemos ha sido condenada en costas y, como el resto de copropietarios de su comunidad, deberá atender al importe íntegro de los gastos de abogado y procurador de la parte contraria (en su parte alícuota correspondiente) del coste de la demolición, así como la totalidad de los gastos notariales y registrales necesarios para el regreso a la situación previa a la construcción discutida.

Sin embargo, fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que Victoria Rosell -incluso en contra de la opinión de muchos de sus vecinos de urbanización que quieren acabar con el calvario judicial que han perdido hasta en dos ocasiones y en el que están inmersos desde hace tanto tiempo- no está dispuesta a cumplir con la sentencia tan fácilmente. Por el momento el abogado que representa sus intereses comunitarios ha solicitado (en base al artículo 215 LEC: subsanación y complemento de sentencias y autos defectuosos o incompletos) aclaración sobre los términos del fallo que le resulta adverso, dilatando la ejecución de lo recogido en el mismo, como mínimo hasta 2 meses más.

Todo ello mientras Victoria Rosell prepara recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que podría alargar entre 1 (en caso de que resultase inadmitida) y 5 años (en caso de admitirse) el calvario de los vecinos perjudicados.